El juez penal de Puerto Madryn, Daniel Yangüela declaró la nulidad absoluta de la resolución fiscal que había desestimado la denuncia por la toma de las oficinas administrativas de Conarpesa y resolvió girar el expediente a la Procuración General para que se redefina el curso de las pesquisas. De este modo, se investigará la conducta de los dirigentes sindicales que protagonizaron una violenta toma de las instalaciones de la pesquera meses atrás.

El episodio que origina esta causa se produjo el 15 de julio pasado, cuando representantes de la empresa pesquera denunciaron a los referentes del STIA, Oscar Hughes, José “Pepe” Díaz y Osvaldo “Robotito” González, por haber encabezado la toma de las oficinas administrativas de Puerto Madryn.

El pronunciamiento del Dr. Yangüela es lapidario y expone la actuación del jefe de los fiscales, Alex Williams, y a los funcionarios que intervinieron en el expediente que de manera exprés había sido archivado.

El magistrado sostuvo que el Ministerio Público Fiscal actuó con una “fundamentación aparente”, apoyándose en meras afirmaciones y sin el debido respaldo probatorio.

El sindicalista José ‘Pepe’ Díaz atrincherado en las oficinas de la pesquera en julio pasado

“No existe un mínimo de acreditaciones que permita sostener las escasas afirmaciones de la Fiscalía”, indicó el juez, y agregó que “con carencia absoluta de prueba concluyen que como no hay violencia en el accionar no se configura un delito”.

Sobre el particular, recordó que la figura penal bajo análisis no exige necesariamente el uso de la fuerza, sino examinar de forma rigurosa el consentimiento de quien tiene el derecho legal de admitir o excluir a terceros del inmueble.

Yangüela remarcó que solo con la denuncia del apoderado, dos actas policiales y una lista de testigos no alcanzaba para cerrar el caso, puntualizando que ni siquiera se acreditó el vínculo laboral de los acusados, la legitimación sindical ni la legalidad de la medida de fuerza.

El magistrado sostuvo que “no se ha comprobado de manera alguna la relación laboral entre los denunciados y el denunciante como así tampoco el conflicto laboral, la intervención de la asociación gremial, la legalidad de la supuesta medida o la legitimación de la misma”.

En tanto, enfatizó que, aunque la decisión no determina culpabilidad ni sentencia la existencia definitiva de un delito, deja en evidencia que la denuncia no podía sepultarse de manera prematura, violando las exigencias del procedimiento penal y el debido proceso.

Finalmente, declara la invalidez del acto por considerarlo violatorio de las garantías expresamente establecidas por la Constitución y afectar el debido proceso penal.

El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, celebró el revés judicial de los fiscales y afirmó que “nunca dudé de que esto se iba a corregir porque creo fervientemente en la Justicia de Chubut”.

“Un juez serio corrigió el mamarracho de la fiscalía”, indicó el empresario y resaltó que el fallo envía una señal alentadora a quienes apuestan por la provincia, invierten y generan empleo.

“Es un aliciente saber que hay una Justicia que pone límites a los violentos y extorsionadores que pretenden imponer su voluntad mediante aprietes, incluso contra los mismos trabajadores que dicen defender”, afirmó enfáticamente.

Álvarez Castellano también se refirió a la actuación en la causa del jefe de los fiscales de Madryn, Alex Williams, que, según las afirmaciones de Yangüela, avaló lo resuelto por los funcionarios del ministerio que él conduce.

“No me gustaría estar en el pellejo de Williams después de lo que escribió el juez”, afirmó el empresario y agregó que “ha quedado expuesta su incapacidad y también su falta de objetividad”.

El empresario recordó que fue Williams el fiscal que acusó a directivos de su empresa en un caso de supuestos vertidos de líquidos contaminantes al mar y cuestionó la doble vara del fiscal.

“Contra Conarpesa usa toda la artillería, pero cuando somos nosotros los que acusamos, el Sr. Fiscal se queda sin municiones”, concluyó. Luego de la revisión del juez Yangüela, que desestima el archivo del expediente y se deberá investigar a los sindicalistas denunciados, Álvarez Castellano le recomendó a Williams y a su equipo que “eleven su nivel de trabajo y aprovechen la oportunidad para reivindicarse del escarnio público en el que han caído”.

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