El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, solicitó al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que el Gobierno provincial intervenga en el conflicto laboral que mantienen la empresa Conarpesa S.A. y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). El dirigente empresario advirtió sobre el riesgo de que la disputa trascienda el ámbito de ambas partes y genere consecuencias sobre el conjunto de la actividad pesquera provincial.
De la Fuente pidió que las áreas competentes de la administración provincial, en particular el Ministerio de Trabajo, adopten medidas para propiciar un ámbito de negociación. El objetivo, según expuso, es encauzar la controversia hacia una salida que resulte “legal, razonable y sostenible en el tiempo”.
La presentación ante Torres pone el foco en la dimensión que podría adquirir el conflicto si no se alcanza una solución en el corto plazo. Para la entidad empresaria, la disputa no debe analizarse únicamente como una controversia entre una compañía y una organización sindical, sino también por sus eventuales efectos sobre una actividad que tiene incidencia directa en el empleo y en la economía de distintas localidades de Chubut.
“La actividad pesquera fabril y de flota provincial constituye, como Ud. bien conoce, uno de los pilares productivos y sociales de la Provincia del Chubut”, señaló el titular de CAPIP en una carta enviada al Ejecutivo. En ese contexto, mencionó la relevancia de la pesca para Puerto Madryn, Rawson y Trelew, y sostuvo que la situación entre Conarpesa y el STIA “amenaza con extenderse solidariamente al resto del sector pesquero provincial”.
ANTICIPARSE A UN ESECENARIO DE CONFLICTO
Uno de los principales argumentos planteados por De la Fuente es el riesgo de que una disputa localizada derive en un escenario de mayor alcance, con consecuencias para otras empresas y relaciones laborales del sector.
“La controversia que hoy se advierte entre ambas partes, de no ser atendida con celeridad y profesionalismo, corre el riesgo cierto de trascender el ámbito bilateral empresa-sindicato y derivar en un conflicto de mayor escala”, advirtió.
En la misma línea, sostuvo que la falta de una resolución temprana puede provocar un efecto expansivo sobre la cadena productiva. “La experiencia del sector indica que los conflictos localizados, cuando no encuentran una vía de resolución temprana, tienden a propagarse por efecto de contagio hacia otras empresas y relaciones gremiales”, expresó en el documento que recibió el Gobierno.
La carta también advierte sobre el impacto que un escenario de incertidumbre podría tener sobre la actividad fabril y la flota pesquera. En ese sentido, CAPIP planteó que el conflicto debe ser atendido antes de que sus consecuencias excedan la relación entre la empresa y el sindicato involucrados.
EVITAR COSTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
En su presentación, De la Fuente instó a una rápida intervención estatal que facilite el acercamiento entre las partes, aunque aclaró que esa actuación no debe interpretarse como una injerencia en la autonomía de la empresa y el sindicato.
“La intervención temprana, diligente y articulada del Estado provincial no constituye una injerencia en la autonomía de las partes, sino el ejercicio responsable de una función de mediación y buenos oficios”, sostuvo.
El dirigente empresario consideró que una gestión oportuna puede resultar determinante para evitar una escalada de las diferencias. Según señaló, la intervención oficial debería facilitar el diálogo, acercar posiciones y permitir que la controversia se resuelva dentro de los mecanismos de negociación laboral, con respeto por la normativa vigente y los convenios aplicables.
En contraposición, advirtió sobre los costos que puede generar la prolongación de una disputa sin avances. “La demora o la ausencia de intervención suele tener un costo social y económico creciente: días de conflicto que no se recuperan, incertidumbre para las familias de los trabajadores y un deterioro de la confianza entre los actores que luego resulta difícil de reconstruir”, afirmó.
La petición dirigida a Torres incluye, además del Ministerio de Trabajo, a las áreas gubernamentales con competencias económicas, sociales y de seguridad, con el propósito de que la respuesta oficial contemple las distintas dimensiones del problema.
PRÓXIMO INICIO DE LA ZAFRA
Otro de los argumentos expuestos por CAPIP está vinculado con la proximidad del inicio de la temporada de langostino, un período de especial importancia para el empleo y el movimiento económico de la actividad pesquera en Chubut.
“La provincia se encuentra en la antesala del inicio de la temporada de langostino, un período en el que miles de trabajadores y trabajadoras pesqueros, junto con sus familias, aguardan con expectativa el normal desarrollo de la actividad”, indicó De la Fuente.
“Una gestión gubernamental activa, equilibrada y temprana en el conflicto descripto enviará una señal clara -tanto al sector pesquero como a la sociedad chubutense en su conjunto- de que las instituciones provinciales están en condiciones de garantizar un marco de paz social y laboral”, expresó el presidente de CAPIP.
La referencia a la paz social aparece como uno de los ejes centrales del planteo empresario, en tanto la actividad pesquera articula empleo en plantas de procesamiento, operaciones de flota y una red de servicios vinculados con el desenvolvimiento de la temporada.
RESGUARDO DE LOS INTERESES GENERALES
En el tramo final de la nota, De la Fuente solicitó al gobernador que instruya a las áreas correspondientes para que intervengan en el diferendo y promuevan instancias de diálogo entre Conarpesa y el STIA.
La petición apunta a “arribar a una solución consensuada”, evitar que la controversia “se extienda o se profundice” y resguardar tanto los intereses generales del sector pesquero como el normal desarrollo de la próxima temporada.
En el final el documento hace un llamado a la actuación del Gobierno provincial y con la expectativa de que se impulse una salida dentro del marco legal. De la Fuente expresó su confianza en que la administración de Torres avanzará en una gestión orientada a una “pronta, legal y justa resolución del conflicto”, concluye.
