El Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) Chubut cuestionó duramente la postura de las cámaras empresariales pesqueras que se oponen a reconocer actualizaciones en las tarifas de estiba y en los costos laborales vinculados a la actividad portuaria, en medio de las negociaciones que atraviesa el sector.
A través de un comunicado, la organización sindical criticó el argumento utilizado por representantes empresariales, quienes sostienen que las compañías pesqueras son “el último eslabón de la cadena productiva” y que, por esa condición, no pueden absorber nuevos incrementos de costos.
Desde el SUPA señalaron que esa posición es utilizada como “escudo”, “argumento económico” y “excusa para no pagar”, ya sea actualizaciones tarifarias, incrementos salariales o costos derivados del proceso inflacionario.
El sindicato sostuvo que resulta contradictorio que algunas empresas aleguen dificultades económicas para afrontar mayores costos laborales mientras, al mismo tiempo, continúan realizando inversiones en embarcaciones, plantas industriales y otros activos vinculados a la actividad.
En ese contexto, la entidad gremial planteó que “estar al final de una cadena productiva no habilita a desconocer los costos que hacen posible que esa cadena exista”, y consideró que el debate excede una discusión tarifaria para involucrar la distribución de los efectos de la inflación dentro de la actividad.
Según expresaron desde el SUPA, el conflicto no radica únicamente en el precio de la estiba, sino en la resistencia empresarial a reconocer actualizaciones que permitan sostener el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese sentido, afirmaron que mientras las empresas consideran las inversiones como parte de su proceso de capitalización, muchos trabajadores enfrentan dificultades para sostener sus condiciones de vida frente al aumento del costo de vida.
El comunicado también cuestiona la visión empresaria sobre la producción pesquera. El sindicato sostuvo que la actividad no puede entenderse únicamente desde la inversión privada, sino también desde el aporte de los trabajadores, la infraestructura portuaria, los recursos naturales y la intervención estatal.
“Lo que hace posible esa apropiación no es solo el capital invertido en embarcaciones e infraestructura, sino el trabajo concreto de miles de trabajadores que enfrentan una actividad ardua, riesgosa y físicamente desgastante”, señalaron.
Asimismo, la organización gremial criticó que el trabajo, los puertos y la estiba sean considerados exclusivamente como costos dentro de la estructura productiva. Según expresaron, los trabajadores constituyen una condición indispensable para el funcionamiento de la actividad y no un gasto prescindible.
Otro de los puntos abordados en el documento está relacionado con el papel del Estado. El SUPA sostuvo que parte del empresariado cuestiona la intervención estatal cuando se trata de regulaciones o controles, pero recurre al sector público para solicitar asistencia económica, beneficios, subsidios o condiciones favorables cuando enfrenta dificultades.
En materia de infraestructura, el sindicato aseguró que las empresas suelen reclamar por costos portuarios que, a su entender, representan una porción reducida del volumen económico generado por la actividad, mientras que consideran insuficiente la inversión privada destinada al fortalecimiento de puertos más eficientes, seguros y modernos.
Respecto del conflicto actual, el gremio afirmó que existieron instancias previas de negociación que permitían alcanzar acuerdos y evitar tensiones durante la temporada. Sin embargo, sostuvo que sectores vinculados a las cámaras pesqueras ejercieron presión para frustrar entendimientos que ya se encontraban avanzados con empresas de estiba y otros actores involucrados.
“Hubo una instancia posible para ordenar intereses, discutir costos, resolver tensiones y evitar que la cuerda se cortara por el lado de siempre”, expresó el sindicato, que atribuyó a la acción de los grupos empresarios parte de la responsabilidad por el escenario actual.
En otro tramo del documento, la organización remarcó que “no hay responsabilidad sectorial cuando se pretende que la inflación la pague únicamente el trabajador” y cuestionó las actitudes que, según su visión, buscan trasladar exclusivamente a los asalariados los efectos del deterioro económico.
No obstante, el SUPA diferenció a aquellas empresas que, según indicó, mantienen una actitud de diálogo y responsabilidad frente al conflicto. En ese marco, destacó que existen compañías que comprenden la importancia de garantizar las descargas en los puertos provinciales y de preservar la continuidad de una actividad considerada estratégica para la economía regional.
Finalmente, el sindicato reafirmó la importancia de los trabajadores portuarios dentro de la cadena pesquera y sostuvo que la actividad requiere la participación conjunta de trabajadores, puertos, infraestructura, recursos naturales y Estado para su desarrollo.
“El SUPA Chubut representa la dignidad de los estibadores portuarios chubutenses y no esclavos portuarios”, concluyó el comunicado difundido por la entidad gremial.
El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) salió al cruce de las recientes declaraciones del representante empresario Agustín De la Fuente y del comunicado difundido por las cámaras pesqueras CAPIP y CAFACh, a quienes acusó de desplegar una estrategia destinada a responsabilizar a los trabajadores por los problemas de rentabilidad que atraviesa el sector.
A través de un extenso posicionamiento público, la organización sindical sostuvo que los planteos empresariales forman parte de una misma construcción discursiva orientada a presentar al estibador como un costo y no como un actor fundamental de la actividad pesquera.
“Primero se instala al estibador como costo, luego se invoca la crisis de rentabilidad como drama colectivo y finalmente se pide al Estado que convierta la angustia empresaria en presión institucional sobre los trabajadores”, señalaron desde el gremio.
El SUPA cuestionó particularmente el uso del concepto de competitividad para justificar límites a las demandas salariales y aseguró que se trata de una forma de ocultar una discusión sobre la distribución de la renta.
“Competitividad es la palabra sofisticada que usa el empresariado de la pesca cuando quiere que el trabajador cobre menos sin decirlo brutalmente”, afirmaron.
En ese sentido, el sindicato sostuvo que el lenguaje utilizado por las cámaras empresarias no es neutral y que busca reducir el trabajo humano a una variable económica. “Al salario no lo llaman salario. Al trabajo no lo llaman trabajo. A la estiba no la llaman condición material de la actividad. La llaman costo”, remarcaron.
Otro de los ejes del documento apunta al rol de las cámaras empresarias en el conflicto laboral. Desde el SUPA recordaron que CAPIP y CAFACh no son empleadoras directas de los estibadores y cuestionaron que intervengan públicamente en la discusión salarial.
“No los registran, no les pagan directamente, no presentan sus declaraciones laborales ni responden por sus accidentes de trabajo. Sin embargo, hablan como si tuvieran derecho a fijar el valor del cuerpo ajeno”, sostuvieron.
El gremio definió esa situación como una forma de “patronalidad indirecta”, al entender que determinados actores buscan ejercer influencia económica y política sobre trabajadores con los que no mantienen una relación laboral formal.
Asimismo, el sindicato deslizó interrogantes sobre eventuales vínculos entre empresas de estiba involucradas en el conflicto y sectores con representación en las cámaras empresarias. En ese marco reclamó que, de existir o no tales relaciones, sean aclaradas públicamente con documentación respaldatoria.
Uno de los planteos más enfáticos del documento se relaciona con la información económica del sector. El SUPA cuestionó las referencias empresarias al denominado “valor cajón” y reclamó mayor transparencia sobre las condiciones reales de la actividad.
“Si van a hablar de lo que gana un estibador, que hablen con papeles en la mano. Que muestren el valor hombre declarado, no el valor cajón”, expresaron.
Según la organización sindical, la discusión pública debería incorporar datos vinculados a declaraciones laborales, volúmenes reales de descarga, niveles de facturación y tributación de las empresas.
Respecto del comunicado emitido por CAPIP y CAFACh, el SUPA puso el foco en la referencia empresaria a una “crisis de rentabilidad” y sostuvo que esa definición revela cuál es, a su criterio, el verdadero problema que enfrenta el sector. “La crisis no es de la cadena productiva; es de sus márgenes”, afirmaron.
En el mismo sentido, señalaron que los pedidos de emergencia, alivio fiscal, mesas multisectoriales y paz social no buscan discutir el modelo de negocios, sino preservar niveles de rentabilidad empresaria.
“La paz social que reclaman no es paz sino silencio salarial administrado por quienes nunca ponen en crisis su propia ganancia”, indicaron. Hacia el final del documento, el SUPA reivindicó el papel de los trabajadores portuarios dentro de la cadena pesquera y rechazó que se los presente como responsables de los problemas económicos de la actividad.
“No somos el costo de la pesca. Somos una de las condiciones esenciales de posibilidad de la pesca”, afirmaron. Y concluyeron: “Sin descarga no hay planta, sin estiba no hay materia prima procesable, sin trabajadores no hay industria. El SUPA no representa cajones. Representa seres humanos”.
