La Justicia ordenó la entrega de la maquinaria instalada en la planta de procesamiento que perteneció a la empresa Barillari en Caleta Olivia, la cual en 2009 fue expropiada por el Gobierno de Santa Cruz y entregada a la firma Vepez para su explotación. En octubre del año pasado ante una controversia entre la empresa concesionaria y las dos cooperativas de trabajo que allí funcionaban, el titular de Vepez, Luis Jones, resolvió retirarse e inició un reclamo judicial para que le sea entregada la maquinaria instalada en esa planta de la localidad portuaria de Caleta Olivia.

Las cooperativas El Dorado y 20 de Noviembre estaban utilizando la capacidad instalada, que según Vepez, le pertenece, y la Justicia santacruceña le dio la razón y ordenó que se disponga la entrega por tratarse de bienes muebles de propiedad privada.

Otro dato importante a tener en cuenta es que el inmueble fue expropiado por el Estado santacruceño en octubre de 2009, a partir de una ley dictada por la Legislatura. La desposesión de los bienes a la empresa privada ocurrió en diciembre de ese año, durante el gobierno de Daniel Peralta.

En noviembre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la provincia de Santa Cruz dictó sentencia por la expropiación del inmueble, instalaciones y bienes muebles declarados de utilidad pública.

Ese tribunal resolvió además diferir la determinación de la indemnización expropiatoria, ordenando al Tribunal de Tasaciones de la Provincia de Santa Cruz que realice una tasación actualizada, la que aún no se habría realizado, pero cuando ello ocurra, el Gobierno santacruceño deberá afrontar una millonaria indemnización, tal como diera cuenta PARTE DE PESCA en 2023.

En este contexto de crisis, el ministro de Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez, emitió un comunicado intentando bajar el clima de tensión entre los trabajadores de la planta pesquera de Caleta Olivia. “La prioridad del gobernador Claudio Vidal y de todo este gobierno es garantizar que cada trabajador mantenga su puesto. Queremos que la planta funcione y que todos los empleados tengan la seguridad de que su sustento está asegurado”, señaló Martínez en diálogo con LU14.

El conflicto que atraviesa la planta, ahora gestionada por las cooperativas de trabajo El Dorado y 20 de Noviembre, se intensificó luego de una decisión judicial que ordenó la entrega de maquinaria clave a la empresa Vepez, anterior operadora del establecimiento. “Sin embargo, el ministro subrayó que el gobierno provincial intervendrá para proteger a los trabajadores”, difundió el gobierno a través de un comunicado oficial.

“Estamos utilizando el cupo de merluza con indicación del gobernador para asegurar que la planta se mantenga activa. Ese recurso es de la provincia y lo pondremos al servicio del trabajo y de los trabajadores. Buscaremos que todos sigan en sus puestos”, indicó el ministro. Martínez dejó en claro que el respaldo del gobierno es hacia los empleados. “Los trabajadores van a seguir. Lo que pueda ocurrir con la dirección de la cooperativa es algo que se discutirá aparte, pero nuestra prioridad es garantizar el trabajo de quienes todos los días ponen su esfuerzo en esta planta”, agregó.

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