La Provincia de Santa Cruz cuestionó que el nuevo esquema comprometa la administración de las 345 toneladas que actualmente gestiona y reclamó garantías para su cuota social y sus competencias jurisdiccionales. Buenos Aires objetó la legalidad de la medida, denunció falta de debate previo y sostuvo que el Consejo Federal Pesquero se atribuye facultades sobre recursos de dominio provincial. Pese a los dos planteos, el organismo aprobó la Resolución 16/2026.
La aprobación del régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para la centolla no estuvo exenta de cuestionamientos dentro del Consejo Federal Pesquero (CFP). En la reunión celebrada este jueves 5 de noviembre, los representantes de Santa Cruz y Buenos Aires dejaron expresadas sus objeciones al esquema de administración que tendrá una vigencia de quince años. Sin embargo, las diferencias no impidieron que la iniciativa fuera aprobada por mayoría y formalizada mediante la Resolución CFP N° 16/2026.
De acuerdo con el Acta CFP N° 30/2026, el resultado de la votación fue la abstención de Santa Cruz y el voto negativo de Buenos Aires. El resto de los integrantes acompañó la propuesta, que establece la asignación de CITC de centolla para el período comprendido entre las temporadas 2026/2027 y 2040/2041.
EL PLANTEO DE SANTA CRUZ
El representante provincial, Sergio Klimenko, dejó constancia de sus objeciones técnicas, jurídicas e institucionales. El principal cuestionamiento estuvo relacionado con las consecuencias que el nuevo régimen podría tener sobre la administración que ejerce Santa Cruz en su jurisdicción marítima.
La provincia advirtió que la cuotificación por quince años, sin una adecuada diferenciación de las jurisdicciones, compromete la administración de las 345 toneladas que actualmente gestiona.
En sus fundamentos, Santa Cruz sostuvo que la centolla tiene características biológicas que deben ser contempladas en el ordenamiento pesquero, particularmente porque se reproduce y sus ejemplares juveniles se desarrollan principalmente en aguas costeras provinciales.
En ese sentido, consideró inadmisible que se desconozca esa realidad biológica y el trabajo de ordenamiento y conservación que viene sosteniendo la provincia.
También cuestionó que el proyecto no resguarde adecuadamente la cuota social provincial ni las competencias reconocidas a las jurisdicciones marítimas por el artículo 3° de la Ley Federal de Pesca N° 24.922.
Según dejó asentado Klimenko, el esquema compromete la capacidad provincial para adoptar decisiones vinculadas con el empleo, las descargas y el procesamiento de los recursos pesqueros.
La representación santacruceña aclaró expresamente que su abstención no debía interpretarse como una conformidad técnica o jurídica con el contenido de la propuesta.
BUENOS AIRES DICE QUE ES INCONSTITUCIONAL
La posición de la provincia de Buenos Aires fue más contundente. Su representante, Carla Estefanía Seain, votó en contra y fundamentó el rechazo en cuestionamientos jurídicos que calificó de gravedad institucional.
El argumento central fue que el Consejo Federal Pesquero no tendría competencia para establecer Cuotas Individuales Transferibles de Captura sobre recursos que se encuentran en aguas de dominio público provincial, en función de los artículos 3° y 4° de la Ley Federal de Pesca.
Buenos Aires sostuvo que la decisión del organismo nacional implica establecer un sistema de explotación sobre recursos provinciales y en aguas provinciales, soslayando las atribuciones que corresponden a cada jurisdicción en el marco de sus respectivas constituciones y legislaciones.
A ese cuestionamiento se sumó otro de carácter procedimental: la provincia denunció que el proyecto de resolución fue incorporado al orden del día el mismo día de la votación, sin una instancia previa de tratamiento y análisis.
En el acta, Seain cuestionó que se pretendiera aprobar una norma sin haber generado un ámbito de discusión entre los integrantes del Consejo. Incluso advirtió que, mientras se redactaba el voto negativo, se estaban imprimiendo las actas que formalizarían la aprobación de un proyecto que, según señaló, todavía no había sido presentado ni discutido en la mesa.
La representante bonaerense calificó la decisión como extremadamente riesgosa para los recursos, las empresas y la propia provincia, y advirtió sobre la posibilidad de que este criterio se extienda en el futuro a otras pesquerías en aguas provinciales.
Otro de los puntos objetados fue la asignación de cuotas por quince años en jurisdicciones donde, según la legislación provincial, existen permisos de pesca con vigencias considerablemente menores, incluso de apenas un año. Buenos Aires señaló la inconsistencia de otorgar una cuota de quince años a titulares cuyos permisos podrían tener una duración inferior, teniendo en cuenta que la normativa nacional establece que la pérdida del permiso también implica la pérdida de la cuota.
En defensa del sistema federal de gobierno, del artículo 124 de la Constitución Nacional y de las competencias provinciales, Buenos Aires rechazó enfáticamente la norma proyectada.
CÓMO FUE LA VOTACIÓN EN EL CONSEJO
Pese a las objeciones de Santa Cruz y Buenos Aires, el proyecto de régimen específico de CITC para la centolla obtuvo mayoría y se convirtió en la Resolución CFP N° 16/2026.
La integración del Consejo presente en la sesión fue de nueve miembros. El acta identifica expresamente los dos posicionamientos disidentes y la aprobación por mayoría, pero no individualiza el sentido del voto de cada uno de los restantes representantes.
Los votos quedaron registrados de la siguiente manera:
- Juan Antonio López Cazorla, presidente del CFP: acompañó la aprobación.
- Arturo Idoyaga Molina, representante del Poder Ejecutivo Nacional: acompañó la aprobación.
- María Silvia Giangiobbe, representante del Poder Ejecutivo Nacional: acompañó la aprobación.
- Paola Gucioni, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: acompañó la aprobación.
- Andrés Pedro Arbeletche, representante de Chubut: acompañó la aprobación.
- Sergio Paleo, representante de Río Negro: acompañó la aprobación.
- Diego Marzioni, representante de Tierra del Fuego: acompañó la aprobación.
- Sergio Klimenko, representante de Santa Cruz: se abstuvo.
- Carla Estefanía Seain, representante de Buenos Aires: votó en contra.
