La posibilidad de que la planta pesquera de la ex Río Salado vuelva a operar en San Antonio Oeste abrió una nueva etapa de incertidumbre y expectativas. Mientras un grupo empresario negocia con el Gobierno de Río Negro para alquilar las instalaciones y reactivar la producción, los ex trabajadores advierten que no permitirán una reapertura sin que antes se salden las indemnizaciones y demás créditos laborales que permanecen impagos desde el cierre de la empresa.
La firma interesada es Costa Viva S.A., una sociedad constituida en Viedma que busca convertirse en el nuevo operador de la planta. Sus accionistas son Gustavo Domingo Arce, de Los Polvorines; Susana Griselda Garat, de Mar del Plata; Francisco Arce Iturrieta, también de Los Polvorines; y Nicolás Abatangelo, de Lomas de Zamora.
Las negociaciones con el Gobierno provincial se encuentran avanzadas y, en paralelo, la empresa tramita una autorización judicial en el expediente del concurso preventivo de Río Salado para alquilar el establecimiento. El objetivo central de Costa Viva es dejar expresamente establecido que no es continuadora de la empresa concursada, sino un emprendimiento completamente distinto, evitando así asumir las obligaciones económicas derivadas de la firma anterior.
DEJÓ A 90 FAMILIAS SIN EMPLEO
La historia de Río Salado comenzó a deteriorarse durante 2023, cuando la actividad pesquera en el Golfo San Matías sufrió una fuerte caída debido a la escasez del recurso. A ese escenario se sumaron el incremento de los costos operativos y las dificultades financieras que terminaron por comprometer la continuidad de la empresa.
Con Franco Massari al frente, la firma intentó distintas alternativas para sostener la actividad, incluso la conformación de una cooperativa, pero ninguna prosperó. Finalmente, la empresa ingresó en concurso preventivo de acreedores y en marzo de 2025 confirmó el cierre definitivo de la planta y el despido de alrededor de 90 trabajadores.
Durante las audiencias realizadas ante la Secretaría de Trabajo de Río Negro, la empresa reconoció que no contaba con fondos para afrontar las indemnizaciones y planteó que sólo podría cumplir con esas obligaciones mediante la venta de uno de sus inmuebles.
EL CONFLICTO SIGUE ABIERTO
El conflicto laboral se profundizó cuando la empresa pretendió encuadrar los despidos bajo la figura de falta de trabajo o fuerza mayor, mecanismo que reduce al 50 % el monto de las indemnizaciones. La propuesta fue rechazada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que reclama el pago total de las indemnizaciones, además de salarios adeudados, liquidaciones finales y otros créditos laborales.
A más de un año del cierre, las demandas continúan tanto en la Justicia como en la vía administrativa, mientras decenas de familias siguen esperando una respuesta.
REAPERTURA CON POLÉMICA
La eventual llegada de Costa Viva representa una posibilidad concreta para recuperar la actividad pesquera y generar nuevos puestos de trabajo en San Antonio Oeste. Sin embargo, el proyecto enfrenta una fuerte resistencia de los ex empleados y del STIA, que sostienen que no corresponde habilitar una nueva explotación de la planta mientras permanezcan impagas las obligaciones laborales de Río Salado.
La definición dependerá ahora de la autorización judicial para el alquiler del establecimiento y de las negociaciones entre el Gobierno provincial, la nueva empresa y los representantes de los trabajadores, en un escenario donde la recuperación de la actividad económica convive con un conflicto laboral que aún está lejos de encontrar una solución definitiva.
