El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en la que la agenda estuvo dominada por la estrategia oficial en torno a la cuestión Malvinas y el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto que endurece las sanciones a las empresas que operan sin autorización argentina en el archipiélago.
El Gobierno nacional enviará esta semana al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que buscará endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con la exploración petrolera y la pesca en aguas de las Islas Malvinas sin autorización argentina.
La iniciativa es desarrollada por el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros funcionarios. La intención oficial es que ingrese durante la semana del 14 de septiembre y comience a debatirse en la Cámara de Diputados entre fines de ese mes y principios de octubre.
Uno de los principales objetivos será reforzar la Ley 26.659, vigente desde 2011, que establece restricciones para compañías que participen de la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado.
El nuevo régimen ampliaría esas penalidades a la pesca no autorizada y podría contemplar inhabilitaciones para operar en el país, decomiso de buques o capturas y fuertes sanciones económicas. El alcance también podría extenderse a empresas asociadas, filiales, accionistas y proveedores que presten apoyo logístico u operativo.
A la vez, el proyecto incorporaría un mecanismo para que las compañías que abandonen negocios petroleros o pesqueros autorizados por las autoridades isleñas puedan obtener el levantamiento de las sanciones argentinas.
BARCOS “HOSTILES”
Otro capítulo estará enfocado en el control del Atlántico Sur. Cancillería analiza bajo qué condiciones determinados barcos que ingresen a las 200 millas argentinas podrían ser considerados hostiles si previamente colaboraron con operaciones petroleras o pesqueras en Malvinas. La medida deberá ajustarse a las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En paralelo, el Gobierno apunta a fortalecer las capacidades de vigilancia mediante tecnología satelital. En los últimos días fueron reasignados unos $120.000 millones a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), con el objetivo de mejorar el seguimiento de buques y proporcionar información en tiempo real a la Armada y la Prefectura Naval.
BASE NAVAL INTEGRADA
La iniciativa también prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado, entre otros organismos, por Defensa, Cancillería, Seguridad y la SIDE. Tendrá como uno de sus objetivos resguardar los intereses estratégicos argentinos en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, además de proteger infraestructura crítica.
La estrategia oficial se completa con el impulso a la futura base naval integrada de Ushuaia . El proyecto contempla un muelle de 500 metros, instalaciones logísticas y una pista desde la cual podrían operar aviones Hércules C-130 y aeronaves Orion destinadas a tareas de vigilancia marítima.
En paralelo, Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por su presunta participación en actividades hidrocarburíferas en las islas y presentó una denuncia penal contra compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion.
DENUNICIA POR CONTRABANDO
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, que integran la organización política ‘Reset Republicano’, presentaron una denuncia penal por presunto contrabando contra directivos, administradores y representantes de empresas pesqueras internacionales que operarían en el Atlántico Sur bajo supuestas licencias de pesca otorgadas por autoridades británicas en las Islas Malvinas.
La presentación fue realizada ante la justicia en lo Penal Económico y sostiene que las actividades denunciadas afectarían la soberanía argentina, el control aduanero y los recursos naturales ubicados en la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Los denunciantes basaron parte de su presentación en información publicada sobre empresas y buques que desarrollarían actividades pesqueras en la zona.
En el escrito sostienen que las firmas denunciadas estarían realizando una explotación comercial de recursos pesqueros argentinos mediante permisos que califican de ilegítimos.
AGENDA JUDICIAL DE ‘RESET REPUBLICANO’
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, vinculados a Reset Republicano, impulsaron en los últimos años distintas denuncias y presentaciones contra funcionarios y decisiones de la administración de Javier Milei. Entre ellas se encuentra una denuncia contra Martín Menem y diputados nacionales por las designaciones en la Auditoría General de la Nación; otra contra Federico Sturzenegger y otros funcionarios por una contratación de la Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, que posteriormente fue ampliada; y una presentación contra Javier Milei por presunta omisión de denuncia, a raíz de sus acusaciones públicas contra el empresario Javier Madanes Quintanilla.
Los abogados también recurrieron a la Oficina Anticorrupción por aspectos vinculados con un viaje presidencial a España y denunciaron al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el presunto incumplimiento de sus obligaciones constitucionales ante el Congreso. A esas actuaciones se sumaron presentaciones contra Karina Milei por la utilización de efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo en una actividad vinculada con su cumpleaños y por el presunto uso de recursos estatales; otra contra el Presidente por el retiro de la candidatura de María Verónica Michelli a un juzgado federal; y una nueva denuncia por el supuesto empleo de recursos públicos durante su viaje a Brasil.
La agenda judicial de Reset Republicano incluyó además una denuncia contra funcionarios nacionales por el estado de las rutas y la infraestructura vial, en la que se planteó la posible existencia de responsabilidades penales, y otra contra Milei por sus expresiones durante una actividad en el colegio ORT, donde los denunciantes señalaron posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y discriminación.
La última presentación incorporada a este listado está vinculada con la actividad de empresas pesqueras que operan en aguas argentinas bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las Islas Malvinas.
