Con el aval del PRO y aliados, La Libertad Avanza consiguió las firmas, aunque modificó varios puntos. El texto final acota a quiénes alcanzan las sanciones, crea una bicameral de seguimiento y reescribe el artículo de la “desinformación”.
La Libertad Avanza finalmente consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la llamada Ley Malvinas. Lo hizo este martes en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, después de cinco reuniones y de que el oficialismo aceptara buena parte de las modificaciones que le exigían sus aliados. Firmaron el despacho los libertarios, el PRO, Karina Banfi (UCR) y cuatro integrantes de Provincias Unidas: Gisela Scaglia, Sergio Capozzi, Pablo Farías y José Núñez.
Antes del plenario, la mesa chica del bloque libertario recibió a los aliados del PRO, el MID, Producción y Trabajo y Adelante Buenos Aires, además de los jefes de bancada de Argentina Federal y de Provincias Unidas, para cerrar el texto. Desde LLA le atribuyeron el logro a la diputada Silvana Giudici, que fue la encargada de negociar.
Hubo, además, cinco dictámenes en minoría. Presentaron uno Lourdes Arrieta y otro Esteban Paulón junto con los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge. Unión por la Patria elevó el suyo, como el Frente de Izquierda con la firma de Myriam Bregman, y también lo hicieron los misioneros de Argentina Federal, Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad.
CAMBIOS SUSTANCIALES
El más importante para Washington es el de las sanciones. El artículo 3 prohíbe desarrollar actividades de aprovechamiento de recursos en Malvinas sin habilitación argentina, y ahora el alcance se organiza por escalones: quien realiza la actividad, quien provee bienes o servicios “esenciales e indispensables” sabiendo, o pudiendo razonablemente saber, el destino, y quién es socio o accionista directo. Quedan excluidas las personas humanas con hasta el 2% del capital y los vehículos de inversión cuya participación no implica discreción sobre los valores que poseen, siempre que no designen miembros de los órganos de administración. Es el punto que deja afuera a los fondos pasivos. Pero el inciso d) mantiene la figura del controlante, directo o indirecto, y el máximo de 20 años de prisión que tenía el proyecto original sigue en los artículos 21 y 22.
“ACTUARON DE BUENA FE”
Giuduci dio como ejemplo el cuidado de “proveedores que actuaron de buena fe sin saber lo que hacía una empresa” y se preguntó: “¿Voy a sancionar a un ciudadano extranjero que es accionista de una empresa? Eso no puede ser así”. Y fue tajante sobre el origen de los cambios: “Lo revisamos y delimitamos así, no hubo ninguna injerencia de Estados Unidos“. La explicación convive con las palabras que el vicecanciller Christopher Landau dijo en Buenos Aires, cuando aseguró que desde Washington estaban “viendo los intereses de nuestras empresas”.
CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL
El segundo punto era el Consejo de Seguridad Nacional. El despacho incorpora al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, el texto del dictamen no lo convierte en miembro permanente. El artículo 53 deja como permanentes al Presidente, al jefe de Gabinete, a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, al secretario Legal y Técnico y al titular de la SIDE, y prevé que el Ministerio de Seguridad Interior pueda ser convocado como miembro no permanente. El artículo 52 agrega que el Consejo “en ningún caso” podrá intervenir en cuestiones de seguridad interior, salvo en la protección de infraestructuras críticas y en la vigilancia marítima, fluvial y lacustre, y que en esos casos debe darse intervención a ese ministerio.
El artículo 53 permite que el Presidente convoque, también como miembros no permanentes, al presidente de la Cámara de Diputados y al provisional del Senado, igual que a gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, pero no les reserva un lugar fijo.
BICAMERAL DE SEGUIMIENTO
La Libertad Avanza también aceptó conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso, facultada para auditar las decisiones y procesos del Consejo, de manera similar a la bicameral que controla a la Secretaría de Inteligencia del Estado. La propuesta había sido impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para garantizar la participación del Parlamento en el control del nuevo organismo, que estará integrado únicamente por miembros del Poder Ejecutivo. Según el cambio anunciado, el Ejecutivo deberá informar a la bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
“CAMPAÑA DE INJERENCIA EXTRANJERA”
Otro de los puntos modificados es el artículo que sanciona con penas de cinco a doce años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. El dictamen define qué se entiende por “campaña de injerencia extranjera”: acciones planificadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, destinadas a alterar elecciones, afectar la formación de la voluntad política o condicionar decisiones de autoridades.
A la vez, introduce exclusiones expresas: no considera campaña de injerencia a la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones de un Estado extranjero, la actividad periodística, la investigación académica ni la representación abierta y regulada de intereses.
