La administración británica de las Islas Malvinas consolidó uno de los principales pilares económicos del archipiélago al extender por 25 años los derechos de explotación de las principales pesquerías comerciales. La decisión, vigente desde el 1 de enero de 2023, garantiza la continuidad del régimen de Cuotas Individuales Transferibles (ITQ) hasta 2047 y se suma al avance del proyecto petrolero Sea Lion, cuya producción comercial está prevista para finales de esta década.
La medida fue establecida mediante una resolución publicada el 31 de mayo de 2022 en el Boletín Oficial del gobierno de las islas. Allí, el director de Pesca dispuso que las nuevas cuotas de explotación serían otorgadas por un período de 25 años, salvo cancelación conforme a la normativa local. Se trata de una de las decisiones económicas de mayor alcance adoptadas por la administración isleña en los últimos años, ya que brinda previsibilidad a las empresas que operan en el sector pesquero.
La prórroga se produjo pocas semanas después de la aprobación del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de la isla Soledad. El desarrollo es encabezado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que proyectan iniciar la producción comercial entre 2027 y 2028. De concretarse, será el primer yacimiento offshore en explotación en el archipiélago y podría transformar la estructura económica de las islas, tradicionalmente sustentada en la pesca.
La combinación de ambos proyectos responde a una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la economía del territorio mediante la explotación de recursos naturales. Al mismo tiempo, el Reino Unido mantiene su presencia militar en el Atlántico Sur, con el despliegue de unidades navales y la realización periódica de ejercicios en las islas, acciones que son objetadas por la Argentina.
EMPRESAS Y ACTIVIDAD PESQUERA
Un relevamiento realizado sobre la plataforma Global Fishing Watch detectó, al 6 de julio, embarcaciones con bandera de España, Corea del Sur y Vanuatu operando en aguas administradas por el gobierno británico alrededor de las Malvinas. La plataforma permite identificar la ubicación y bandera de los buques mediante señales AIS, aunque no determina el tipo de licencia bajo la cual desarrollan su actividad.
La pesca constituye desde hace décadas la principal fuente de ingresos del gobierno isleño, principalmente a través del otorgamiento de licencias para la captura de calamar Loligo gahi e Illex argentinus, además de merluza y merluza negra.
LA POSICIÓN ARGENTINA
La Argentina sostiene que las licencias pesqueras y los permisos para la explotación de hidrocarburos otorgados por la administración británica son ilegales, al considerar que se desarrollan sobre un territorio y una plataforma continental cuya soberanía permanece en disputa.
El reclamo argentino se apoya, entre otros instrumentos, en la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambas partes a negociar una solución pacífica, y en la Resolución 31/49, que exhorta a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras persista la controversia.
En el plano interno, la Ley 26.659 establece restricciones para las empresas que participen sin autorización argentina en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental nacional, contemplando sanciones que incluyen la inhabilitación para operar en el país.
Durante un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, realizado en junio de 2026, el exministro de Defensa y diputado Jorge Taiana afirmó que “los británicos otorgan licencias ilegales de pesca por hasta 25 años sin autorización argentina”, y sostuvo que esa situación constituye uno de los principales focos de pesca ilegal en el Atlántico Sur.
UN ESCENARIO DE MAYOR COMPLEJIDAD
La consolidación simultánea de las actividades pesquera y petrolera profundiza el desacuerdo entre ambos países sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en el Atlántico Sur. Mientras Londres considera que las autoridades de las islas están facultadas para administrar esos recursos, la Argentina mantiene sus protestas diplomáticas y reclama que cualquier decisión sobre su explotación debe resolverse en el marco de las negociaciones por la soberanía, consignó un reciente informe de Perfil.
Este escenario coincide con una etapa de acercamiento diplomático entre los gobiernos de Javier Milei y el Reino Unido. En ese contexto, el Presidente argentino analiza realizar una visita oficial a Londres, lo que lo convertiría en el segundo mandatario argentino en viajar a la capital británica desde la guerra de 1982, después de Carlos Menem. La posibilidad del viaje se produce mientras el Reino Unido avanza en la consolidación de los dos principales sectores económicos del archipiélago: la pesca y el petróleo.
