Acorralado por las circunstancias, el secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Raúl Omar Durdos, y la Junta Electoral que le responde políticamente, optaron por negarse a ser notificados de la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que suspendió las elecciones de la entidad sindical.
Lo mismo ordenó a cada una de las seccionales del sindicato en todo el país. El plan es continuar con el simulacro de elecciones hasta el viernes 5 de diciembre y ese día por la noche “autoproclamarse” reelecto hasta 2029.
El presidente de la junta electoral, Jorge Eduardo Logwiniuk, aduce que el tribunal no emitió una notificación dirigida expresamente a ese organismo, por lo tanto, desconocen los términos del fallo.
La estrategia del oficialismo encarnado en ‘La Naranja 22’ es ganar tiempo y llegar al viernes donde la junta electoral dé por ganadora a esa lista en todas las seccionales y en la categoría de Secretariado Nacional.
“FRAUDE ELECTORAL”
Desde las listas opositoras que impulsaron la medida cautelar esperan que la justicia actúe con diligencia para hacer efectiva la medida, y se empezaron a presentar denuncias penales por desobediencia al fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
En Chubut, el dirigente y candidato de la Lista 100 Azul, Alexis López, denunció ante la Fiscalía Federal de Rawson al secretario de la Seccional Puerto Madryn, César Zapata, por desobediencia al no cumplir con la suspensión del acto electoral y continuar con las urnas abiertas.
“Nos presentamos ante la Justicia Federal para denunciar formalmente el desacato del SOMU Puerto Madryn, que se niega a acatar la medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la cual se ordena la suspensión del proceso electoral”, indicó López.
“Pese a la resolución clara del Tribunal, la conducción actual intenta avanzar con las elecciones para proclamarse electos de manera irregular, desconociendo la autoridad judicial y poniendo en riesgo la transparencia democrática del sindicato”, agregó al tiempo de advertir que eso constituiría “fraude electoral”.
ANTECEDENTE DE INTERVENCIÓN
El accionar de la conducción sindical con Raúl Durdos a la cabeza podría derivar por una crisis institucional en el sindicato por incumplir expresas ordenes de la justicia laboral. Si finalmente continúa con su plan de llegar al viernes, abrir las urnas, hacer recuento de votos y proclamarse ganador, con mandato hasta 2029, se abriría un camino que profundizaría la judicialización.
Ya existe un antecedente de intervención del SOMU, en 2016, el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral decretó la intervención judicial, tanto del sindicato, como de la obra social a partir de las irregularidades denunciadas.
Llegar a un proceso de intervención lleva su tiempo, y la gestión Durdos apostaría a seguir al frente de la conducción sindical mientras se dirime las cuestiones judiciales de fondo; una apuesta riesgosa.
