La empresa Conarpesa S.A. notificó el despido “con causa” a los trabajadores que participaron de la irrupción y toma de las oficinas de la pesquera en el parque industrial de Puerto Madryn; hecho acaecido el pasado miércoles 15 de julio de 2026, en horas de la mañana.

Se trata de 39 empleados que además de ser desvinculados de la empresas fueron denunciados penalmente por violación de la propiedad privada, ingreso por la fuerza a dependencias de la compañía, intimidación y amenazas al personal administrativo y gerencial.

Las denuncias ante el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn también alcanzan a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, José ‘Pepe’ Díaz, Osvaldo ‘Robotito’ González y Oscar ‘Tito Corazón’ Hugues, quienes serán demandados por lo que la empresa considera una ilegal toma de las instalaciones administrativas.

Las notificaciones de desvinculación laboral indican: “Habiendo participado el día 15/07/2026, en horas de la mañana, de la toma por la fuerza de las oficinas, ubicadas dentro del predio del establecimiento industrial de la empresa Conarpesa, sito en el parque industrial pesquero de Puerto Madryn, hecho llevado a cabo mientras el personal de dirección de administración cumplía funciones, y con posturas intimidatorias hacia los mismos, que obligó a interrumpir la labor, logrando este retirarse con auxilio de personal policial; lo cual fue denunciado ante el Ministerio Público Fiscal con asiento en la ciudad de Puerto Madryn”, describen los telegramas de despido.

Conarpesa sostiene que ese accionar representa un agravio a la empresa que motiva el cese laboral con causa. “Ha incurrido usted en una injuria de tal gravedad que no consiente la prosecución del vínculo laboral, el que queda resuelto por su exclusiva responsabilidad. Haberes, liquidación final y constancias Art. 80 LCT a su disposición en el plazo de ley”, añaden las notificaciones a 39 trabajadores.

Los videos difundidos por los propios afiliados al STIA, en las redes sociales, en el interior de las instalaciones, ocupando la dirección administrativa sin autorización de la empresa, como así también las imágenes de cámaras de seguridad internas serían usados por la firma para demostrar que hubo una irrupción violenta a sus dependencias.

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