La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras anticipó que las plantas de procesamiento no podrán asumir el sobrecosto del servicio de estiba que firmó una suba salarial del 160%, si la flota amarilla le traslada ese coste al precio del cajón de langostino.

Lamentan que desde el Gobierno de Chubut, ni el Ejecutivo ni la Legislatura, le hayan dado importancia al pedido de declarar la “emergencia pesquera”, y que la actual circunstancia con una abrupta caída de la demanda de los mercados, junto a la suba de costos internos por la elevada inflación configura un escenario de extrema fragilidad para la industria pesquera de la que dependen miles de empleos.

La entidad empresarial hizo conocer su posición ante los aumentos que busca imponer el servicio de estiba. La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), actuando en representación del interés colectivo de sus asociados, viene a fijar la postura institucional en torno a las derivaciones y consecuencias de los incrementos pretendidos en el servicio de estibaje en puerto, que dan cuenta de aumentos interanuales que superan el 160%, con posibilidad de corrección en lo que queda del año, tornando inalcanzable dicho servicio por su excesiva onerosidad sobreviniente”, plantearon

En este sentido, se hace saber que “las empresas asociadas no reconocerán, ni aceptarán, ni convalidarán que se traslade a tarifa semejante incremento, por cuanto el mismo no encuentra justificativo viable desde la óptica operativa, funcional o económica; y por ello cualquier aumento que se haya acordado entre la Cámara de Empresas de Estibaje, o de manera plurindividual las empresas, y, la Entidad Sindical propia, deberá ser absorbido en su casi integridad por las mismas, siendo que la actividad pesquera fabril, vinculada al langostino no admite ni resiste ningún otro incremento de costo directo y/o indirecto”, ratificaron.

Recordaron que desde la CAPIP se avisó “a propios y ajenos de la situación de crisis por la que atraviesa el sector, e incluso hizo extensiva la demanda al sector gubernamental, a quien requirió la declaración de emergencia pesquera, considerando la baja de precios, la caída de la demanda, el atraso cambiario, el aumento en dólares de insumos y otros costos operativos”, detallan sobre las variables que afectan a la actividad.

“Sin embargo, todos los actores involucrados han hecho oídos sordos a los requerimientos fundados de este Organismo, y la situación actual, pone en riesgo real el inicio y mantenimiento de la presente temporada de pesca”, advierten.

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