Un fuerte debate por el control de la pesca se planteó ayer en el Congreso con cruces de posiciones entre epresentantes de organizaciones ambientales, cámaras empresarias y diputados nacionales sobre el funcionamiento de los actuales mecanismos de trazabilidad de la actividad pesquera y debatieron la necesidad de avanzar hacia un sistema integrado de información y control que aporten transparencia a la actividad.
La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados de la Nación realizó en el Anexo A una reunión informativa centrada en la “trazabilidad en la pesca”, con la participación de representantes de distintas entidades vinculadas con la actividad.
Al abrir el encuentro, el presidente de la comisión, César Treffinger (LLA), señaló que el objetivo era conocer el funcionamiento de los mecanismos existentes y escuchar a representantes del sector.
“El objetivo en esta reunión no es solamente analizar el funcionamiento de los mecanismos actuales, sino también escuchar a quienes trabajan y conocen el sector en profundidad”, explicó.
En ese marco, Treffinger planteó la necesidad de identificar avances y dificultades y evaluar nuevas herramientas para fortalecer los controles. “Queremos conocer cuáles son los avances y las dificultades y qué herramientas podemos desarrollar para fortalecer los controles, sin generar burocracia innecesaria que termine afectando a quienes producen y trabajan dentro de la legalidad”, agregó.
TESTA: “NO HAY UNA INTEROPERABILIDAD”
María Eugenia Testa, directora ejecutiva de la Fundación Círculo de Políticas Ambientales, sostuvo que actualmente no existe un sistema nacional que permita integrar la información de los distintos organismos involucrados en el control de la actividad.
“Hoy no existe un Sistema Nacional de Trazabilidad, no hay una interoperabilidad entre las diferentes agencias del Estado que deberían estar incluidas para combatir la pesca ilegal no declarada y no regulada en el Atlántico Sur”, afirmó.
Según Testa, esta situación genera condiciones de competencia desigual para quienes desarrollan la actividad dentro del marco legal. “Lo que genera es una producción que compite de forma desleal con la producción legal argentina en los diferentes mercados de exportación”, sostuvo.
REGISTRO PÚBLICO DE EMBARCACIONES
Juan Coustet, coordinador de la Fundación Sin Azul No Hay Verde, puso el foco en la información disponible sobre la flota pesquera y reclamó mayor transparencia respecto de las embarcaciones y sus autorizaciones.
“En Argentina ni siquiera tenemos un registro público de embarcaciones, no sabemos qué barcos están autorizados para pescar, qué permisos tienen, quiénes son los dueños de los permisos, qué especie puede capturar, bajo qué método, qué sanciones hay o si se cumplen las sanciones”, manifestó.
VIDA SILVESTRE PIDE ACTUALIZAR LA LEY DE PESCA
Verónica García, representante de la Fundación Vida Silvestre Argentina, se refirió a la legislación pesquera vigente y destacó el papel que tuvo la Ley Federal de Pesca, sancionada en la década de 1990.
La especialista consideró que aquella norma fue “fundamental para evitar el colapso de nuestro principal recurso que era la merluza” y sostuvo que permitió ordenar la actividad y generar avances.
Sin embargo, planteó que el marco normativo requiere una actualización. Según García, la legislación quedó “desfasada”, debido a que “en 30 años ocurrieron muchos cambios a nivel mundial y todos los estados están haciendo cambios en este sentido para sus pesquerías”.
WÖHLER: “LA TRAZABILIDAD SÍ EXISTE”
Desde el sector empresario, Otto Axel Wöhler, representante de la Cámara de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), planteó una visión diferente respecto del diagnóstico sobre la trazabilidad existente.
“La trazabilidad en la pesca hoy sí existe”, aseguró. Como argumento, Wöhler destacó el acceso de las empresas pesqueras argentinas a los mercados internacionales y la evolución de las exigencias regulatorias.
“El dato más certero de eso es la posibilidad que tienen todas las empresas argentinas hace más de 50 años de poder exportar al exterior cuando han incrementado las regulaciones en materia de trazabilidad que permiten o avalan la posibilidad de hacer esto bajo un riguroso cúmulo de normas que todos aquí bien conocen”, agregó.
PLANTEAN UN SISTEMA ÚNICO
El diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) sostuvo que la iniciativa legislativa busca mejorar la información existente y avanzar hacia una mayor transparencia.
“Nosotros lo que creemos es que hay que poder mejorar, transparentar y hacer mucho más eficiente y menos burocrática la información que por supuesto existe”, señaló.
En ese sentido, planteó la posibilidad de establecer “un sistema único que sea la trazabilidad de la pesca” y que permita que el manejo de la información y los mecanismos de transparencia sean aplicables en todo el territorio nacional.
La diputada bonaerense Sabrina Selva (UxP) vinculó la propuesta con cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, el combate contra la pesca ilegal y el derecho de los consumidores a conocer el origen de los productos.
“Unificar un sistema de trazabilidad también permite trazar hacia atrás, no sólo hacia adelante el origen de un producto y eso tiene que ver también con la seguridad alimentaria”, explicó.
DEBATE LEGISLATIVO
El encuentro también estuvo atravesado por la discusión política en torno al tratamiento de una eventual legislación sobre trazabilidad pesquera.
El diputado entrerriano Andrés Laumann (LLA) pidió centrar el debate en los aspectos vinculados con el funcionamiento del sector y manifestó su respaldo a avanzar con una norma.
“Quiero dejar la política de lado, que discutamos las cosas que son buenas para este país, que nos van a llevar a buen puerto, que las discusiones con los sindicatos también sean nobles”, expresó.
Y concluyó: “Estoy de acuerdo en que la Argentina necesita esta ley”.
