Tras años de debate y fuerte oposición de comunidades locales, ambientalistas y científicas, la Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego aprobó la modificación de la Ley Provincial N.º 1355, que hasta ahora prohibía la instalación de salmoneras (salmonicultura) en las aguas jurisdiccionales de la provincia.

La reforma se aprobó con 8 votos a favor y 7 en contra, en una votación que tomó por sorpresa a quienes habían seguido el proceso legislativo a lo largo de 2025.

La Ley 1355, sancionada en 2021, había establecido una prohibición estricta del cultivo y producción del salmón en aguas lacustres y marítimas de la provincia, con el objetivo de proteger los recursos naturales, genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos fueguinos.

Esa normativa fue celebrada internacionalmente como una medida pionera en defensa del ambiente local, resultado de un amplio consenso social y político de aquel momento, sin embargo, el actual gobernador Gustavo Melella evaluó que esa actividad era una oportunidad productiva para el futuro de Tierra del Fuego, al colocar la acuicultura como un sector estratégico que puede complementar otras actividades económicas locales.

La modificación aprobada deroga parcialmente la prohibición original, manteniendo la veda solo en el Canal Beagle, pero habilitando la práctica de la salmonicultura en lagos, lagunas, ríos y arroyos de la provincia.

El legislador Luciano Selzer (La Libertad Avanza)- cuyo voto fue decisivo- y otros representantes que apoyaron la reforma, sostienen que la provincia debe abrirse a nuevas actividades productivas y aprovechar tecnologías modernas como los sistemas de recirculación acuícola en tierra (RAS) para minimizar impactos ambientales.

Empresarios del sector, como Sulco Romero, titular de Estancia Las Violetas, defendieron el avance argumentando que los sistemas RAS “no generan impacto ambiental” porque se desarrollan en tierra y con mayor control de efluentes.

Sin embargo, la oposición fue intensa y variada. Ambientalistas, pescadores artesanales, científicos y chefs locales se movilizaron en Ushuaia y otros puntos de la provincia, advirtiendo sobre los posibles riesgos ecológicos de reintroducir esta actividad pese a las restricciones planteadas.

El legislador Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, denunció que el proyecto carece de estudios técnicos y evaluaciones ambientales sólidas, y cuestionó la falta de transparencia en el proceso legislativo.

La discusión sobre la salmonicultura lleva más de dos años en la agenda pública fueguina. En 2025 distintos proyectos buscaban modificar la Ley 1355, proponiendo que la actividad pudiera desarrollarse especialmente mediante tecnologías de menor impacto, como los sistemas RAS.

El debate incluso provocó renuncias en la propia Legislatura, como la de la legisladora Laura Colazo, que dejó su cargo como presidenta de la comisión de Recursos Naturales tras el avance del dictamen favorable a la reforma.

Con la ley ya sancionada, el desafío será definir el marco regulatorio y los controles ambientales que definirán dónde y cómo se podrán instalar las nuevas actividades acuícolas fuera del Canal Beagle. La tensión entre desarrollo económico y preservación de los ecosistemas seguirá siendo el centro de la discusión.

Organizaciones locales ya anunciaron que evaluarán acciones públicas y legales para frenar lo que consideran una marcha atrás en la protección ambiental que representó la Ley 1355 original.

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