Escala fuerte el conflicto en el inicio de semana. Conarpesa amplió la denuncia penal contra sindicalistas y afiliados al STIA que ocuparon ilegalmente las oficinas de la empresa en Puerto Madryn. La Secretaría de Trabajo de Chubut dictó la Conciliación Obligatoria por los 39 despidos en la pesquera. Y, los sindicatos STIA con Luis Núñez, José Díaz y Oscar Hughes a la cabeza anunciaron un frente común con el SICONARA que tiene a Jorge Maldonado como cabeza visible y al SOMU con César Zapata, con mandato vencido y prorrogado.

En un comunicado conjunto fechado este martes 21 de julio, el STIA, SICONARA y SOMU se declararon en “estado de alerta y movilización por el conflicto con la empresa Conarpesa, y con fuertes críticas al Gobierno de Chubut. “Ante la ausencia de garantías de parte de las Secretarías de Trabajo y de Pesca observando excedentes de kilos en las descargas de pescado fresco, el incumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo y Convenios Colectivos, incongruencias en las liquidaciones de la flota congeladora de la empresa, represalias contra los trabajadores de planta y embarcados, despidos injustos”, enumeraron.

El pronunciamiento lleva la firma de Luis Núñez y José Díaz por el STIA y Jorge Maldonado y Velasco por el SICONARA, y representantes del SOMU Puerto Madryn. “Padeciendo la inoperancia de las autoridades que deben garantizar la simetría entre las partes, nos declaramos en estado de alerta y movilización, esperando respuestas inmediatas, caso contrario coordinaremos acciones directas en los puertos y plantas de la provincia del Chubut”, agregan en tono amenazante.

El conflicto laboral entre la pesquera Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) ingresó en una nueva etapa con dos hechos que profundizan la disputa: el pedido de conciliación obligatoria impulsado por el gremio tras el despido de 39 trabajadores y la ampliación de la denuncia penal presentada por la empresa por la toma de sus oficinas administrativas ocurrida el pasado 15 de julio.

Las novedades se producen luego de varios días de tensión en la planta de Puerto Madryn, donde un grupo de trabajadores de temporada reclamó el cumplimiento de un acuerdo alcanzado previamente ante la Secretaría de Trabajo para su reincorporación. La protesta derivó en la ocupación del sector administrativo de la empresa, episodio que Conarpesa calificó como una toma ilegal de sus instalaciones.

En paralelo, la empresa decidió profundizar la vía judicial. Conarpesa confirmó la ampliación de la denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn incorporando nuevos elementos probatorios relacionados con la ocupación de sus oficinas administrativas.

Entre la documentación entregada figuran registros de cámaras de seguridad, videos, un listado de las personas identificadas durante la protesta y la nómina de testigos que presenciaron los hechos, con el objetivo de fortalecer la investigación penal iniciada tras los incidentes.

La firma sostiene que durante la ocupación hubo ingreso no autorizado al edificio, intimidación al personal administrativo e interrupción de la actividad empresarial, circunstancias que —según argumenta— justificaron tanto las denuncias penales como los despidos con causa. La empresa también anticipó acciones judiciales contra dirigentes sindicales por considerar que tuvieron responsabilidad en la organización de la protesta.

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