Un grupo de diputados nacionales del kirchnerismo presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional información detallada sobre la administración, asignación, utilización y control de los cupos de captura de langostino correspondientes a la provincia de Santa Cruz, otorgados como compensación por la veda del Golfo San Jorge.
Los legisladores del bloque de Unión por la Patria (UxP) buscan dejar en evidencia los erráticos manejos de la administración pesquera del gobernador Claudio Vidal.
Los diputados kirchneristas se hacen eco de lo que es un secreto a voces, que la provincia de Santa Cruz no utilizó efectivamente las 4.500 toneladas de reserva social que tenía disponible para 2025, y que las toneladas de la cuota distribuida a diferentes barcos no fueron desembarcadas en su totalidad en puertos de esa provincia.
La iniciativa pone el foco en la preocupante baja de la actividad pesquera en Puerto Deseado, una situación que -según se señala en los fundamentos del proyecto- es de público conocimiento y ha sido expresada por el intendente de la ciudad Juan Raúl Martínez, trabajadores del sector y asociaciones gremiales.
INFORMACIÓN CLAVE
El pedido está dirigido específicamente al Consejo Federal Pesquero (CFP) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, organismos a los que se les solicita informar sobre los períodos 2024, 2025 y 2026.
Entre los principales puntos requeridos, los legisladores solicitan conocer el volumen total de toneladas asignadas a Santa Cruz en concepto de cupo compensatorio, la normativa y resoluciones mediante las cuales se dispuso dicho cupo, la nómina de buques autorizados para operar, las empresas armadoras vinculadas, el volumen efectivamente capturado por cada embarcación y los puertos donde se realizaron las descargas, detallando toneladas por puerto.
“POSIBLES IRREGULARIDADES”
El proyecto lleva la firma de los diputados santacruceños Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho, y Juan Carlos Molina, y tiene el acompañamiento de los legisladores: Roxana Monzón, Carlos Castagneto, Victoria Tolosa Paz, Pablo Todero, Cristian Andino, Graciela Parola, Ariel Rauschenberger, Aldo Leiva, Eduardo Valdés, Gabriela Pedrali, Andrea Freites y Marcelo Mango, todos pertenecientes al bloque Unión por la Patria (UxP).
Además, pide precisiones sobre los criterios técnicos y administrativos utilizados para la asignación de cupos y la selección de buques, así como los mecanismos de control, fiscalización y seguimiento implementados por la autoridad nacional. También requiere información sobre posibles irregularidades, incumplimientos detectados y las medidas adoptadas en esos casos.
Otro aspecto central del pedido es la evaluación del impacto que este régimen ha tenido sobre la actividad portuaria, el empleo y el procesamiento en territorio santacruceño, especialmente en Puerto Deseado, una ciudad cuya economía depende fuertemente de la actividad pesquera.
“TRANSPARENCIA EN DUDA”
En los fundamentos, los autores remarcan que la pesquería de langostino constituye uno de los principales recursos estratégicos del país, con fuerte incidencia en las exportaciones, la generación de divisas y el sostenimiento de economías regionales, en particular en la Patagonia.
El texto sostiene que, si bien el cupo compensatorio tiene como finalidad mitigar el impacto económico de la veda del Golfo San Jorge y promover niveles adecuados de actividad y empleo en Santa Cruz, en los últimos tiempos “han tomado estado público diversas informaciones que ponen en duda la eficacia, transparencia y control en la implementación de este régimen”.
Según el proyecto, existen reportes periodísticos y planteos institucionales que advierten sobre posibles inconsistencias entre los volúmenes asignados, su utilización efectiva, los puertos en los que se realizan las descargas y los mecanismos de fiscalización aplicados.
CRISIS EN PUERTO DESEADO
La situación de Puerto Deseado ocupa un lugar destacado en la iniciativa. Los diputados advierten sobre la disminución de descargas en el puerto local, la pérdida de materia prima para las plantas de procesamiento y el consecuente impacto en el empleo, factores que consideran señales suficientes para revisar el funcionamiento del esquema vigente.
Asimismo, el proyecto solicita que se informe si la provincia de Santa Cruz presentó ante el Consejo Federal Pesquero propuestas relacionadas con prospecciones en subáreas del sur, apertura o cierre de zonas de pesca, incentivos para descargas en puertos santacruceños y modificaciones al régimen de compensación vigente.
Finalmente, los legisladores piden al Ejecutivo que informe si, a criterio de la autoridad nacional, el actual sistema de compensación por la veda del Golfo San Jorge resulta eficaz para cumplir con sus objetivos económicos y sociales, y qué medidas se evalúan para mejorar su impacto en la provincia y, particularmente, en la ciudad y el puerto de Puerto Deseado.
“El Congreso no puede permanecer ajeno”, sostienen en los fundamentos, al tiempo que remarcan que el pedido de informes busca recabar información objetiva, detectar eventuales desvíos y promover correcciones.
