El agresor deberá pagar la reparación económica en diez cuotas y mantenerse alejado de la víctima. La brutal golpiza ocurrió en marzo de 2024 en el puerto de Rawson y dejó al marinero lesionado fuera de la temporada de pesca.
Un golpe de puño en el rostro, dos fracturas y una cuenta de $20 millones. Ese es el costo económico que deberá afrontar un marinero por las lesiones que le provocó a otro trabajador durante una pelea ocurrida en marzo de 2024 en el puerto de Rawson.
El acuerdo fue homologado por la jueza de garantías Laura Martini, en el marco de una suspensión de juicio a prueba aceptada por el imputado, a través de su abogado defensor, Pablo Sánchez. La propuesta también contó con la conformidad del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill y la abogada de fiscalía Etelvina Medina, además de la aceptación del querellante, Diego Cruceño.
El pago de los $20 millones deberá realizarse en diez cuotas consecutivas, aunque podrán adelantarse en función de la actividad laboral del imputado durante la presente temporada de pesca.
DOS FRACTURAS Y UNA TEMPORADA PERDIDA
El episodio de violencia se produjo en el puerto de Rawson, donde dos hombres protagonizaron una pelea. En ese contexto, según los antecedentes del caso, el agresor le propinó un golpe de puño en el rostro a otro marinero, identificado por sus iniciales H.F., oriundo de Puerto Madryn.
La agresión le provocó fracturas de mandíbula y del arco ocular. Las lesiones tuvieron consecuencias directas sobre su actividad laboral: la víctima no pudo continuar trabajando durante la temporada de pesca.
LAS CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR
Además de afrontar la reparación económica, el imputado deberá cumplir una serie de pautas de conducta durante dos años. Entre ellas, no cometer nuevos delitos, presentarse ante la Oficina Judicial de Rawson, mantener una conducta adecuada y abstenerse de abusar del consumo de bebidas alcohólicas o de sustancias prohibidas.
La resolución también establece que deberá evitar cruzarse con la víctima.
La suspensión de juicio a prueba permite suspender el avance del proceso penal bajo determinadas condiciones. Su cumplimiento deberá ajustarse a las pautas fijadas judicialmente; el incumplimiento puede tener consecuencias sobre el beneficio concedido.
