La Secretaría de Pesca de Chubut recibió un pedido formal de las cámaras pesqueras para la convocatoria a una “Mesa Multisectorial” y reiteraron la solicitud que se viene realizando desde hace años para que se declare la Emergencia Pesquera Provincial.
El planteo formulado por la CAPIP y CAFACh incluye la propuesta para analizar la implementación del Programa de Recupero Pesquero de Chubut, en cual se desarrolló en 2013 para aliviar la presión impositiva y reducir costos operativos del sector, bajo la condición de preservar las fuentes de trabajo y los puestos de empleo.
Hace más de una década atrás se puso en marcha el “Programa de Recupero del Sector Pesquero”, una herramienta diseñada para asistir económicamente a empresas pesqueras en crisis mediante una amplia batería de beneficios fiscales y reducciones de costos portuarios.
La iniciativa, implementada a través de la Ley IX Nº 108 y reglamentada por el Decreto 270/13, surgió en un contexto de dificultades económicas que afectaban a gran parte de la actividad pesquera provincial. El objetivo central fue sostener el funcionamiento de las empresas, preservar puestos de trabajo y evitar la paralización de plantas procesadoras y buques.
El aspecto más relevante del programa estuvo centrado en los beneficios económicos otorgados a las firmas adheridas, que accedían a importantes exenciones tributarias y descuentos sobre servicios vinculados a la operatoria portuaria.
BATERÍA DE MEDIDAS
Entre las medidas más significativas se encontraba la exención total del impuesto provincial conocido como “8 por mil”, un tributo que impactaba directamente sobre las operaciones del sector. A esto se sumó la eliminación del impuesto provincial sobre combustibles, equivalente al 2%, una reducción clave para una actividad con altos costos de consumo de gasoil y logística marítima.
El programa también liberaba a las empresas del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, uno de los principales tributos provinciales que gravaba la actividad comercial e industrial. Además, las compañías adheridas quedaban exentas del canon de extracción pesquera, reduciendo considerablemente los costos vinculados a la captura de recursos marítimos.
En paralelo, el régimen incorporó una fuerte reducción de tasas y servicios portuarios administrados por la provincia. Las bonificaciones alcanzaban el 100% en servicios de carga destinados a exportación, utilización de balanzas y cámaras de transferencia, además de determinados costos de estadía portuaria.
A su vez, el esquema contemplaba descuentos del 50% en servicios de almacenaje y en los consumos de agua y energía dentro de los puertos provinciales, dos gastos operativos de fuerte incidencia para las plantas y operadores pesqueros.
CONDICIONES Y REQUISITOS
Para acceder a estos beneficios, las empresas debían acreditar dificultades económicas y cumplir con una serie de condiciones establecidas por la Provincia. Entre ellas figuraban el mantenimiento de los puestos laborales, el pago regular de salarios y aportes previsionales, y la continuidad de la actividad productiva.
El gobierno provincial sostenía entonces que el programa buscaba dar competitividad a una industria estratégica para ciudades como Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia, donde la pesca representa una de las principales fuentes de empleo y generación de divisas.
La normativa también preveía controles periódicos y establecía que las firmas podían perder los beneficios si incumplían obligaciones laborales, reducían injustificadamente la producción o realizaban despidos sin causa.
