El presidente de la Nación, Javier Milei, ordenó la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un plazo inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga, en una decisión adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) que dirige Iñaki Arreseygor.
IRREGULARIDADES FINANCIERAS
Desde la ANPyN explicaron que las inspecciones realizadas durante los últimos meses detectaron irregularidades financieras, desvíos de fondos y un progresivo deterioro de la infraestructura portuaria, con impacto directo en la seguridad y la operatoria diaria.
Según el organismo, el cuadro observado representaba un riesgo tanto para los trabajadores portuarios como para las embarcaciones que arriban a la ciudad más austral del país, una pieza clave del sistema logístico y turístico del sur argentino.
La resolución oficial, firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, establece que la intervención tendrá vigencia por un año y será publicada este jueves en el Boletín Oficial, lo que habilitará su aplicación inmediata.
LA RESPUESTA PROVINCIAL
La reacción en Tierra del Fuego fue inmediata. El gobernador Gustavo Melella rechazó la intervención y cuestionó duramente sus fundamentos. A través de la red social X, sostuvo que la medida “no tiene una justificación objetiva” y acusó al Gobierno nacional de avanzar sobre una competencia provincial.
El conflicto escaló desde la Dirección Provincial de Puertos, cuyo titular, Roberto Murcia, denunció que la decisión se apoya en “falsos pretextos técnicos” y la calificó como arbitraria y extorsiva. También apuntó contra una contradicción central de la resolución: primero suspende la habilitación del puerto y luego deja sin efecto esa suspensión para no afectar la operatoria
