Así dimensiona la gravedad de la extensión del conflicto las cámaras pesqueras CAPECA , CEPA y CAPIP, al advertir que “la pesca atraviesa su peor momento”.
Las entidades empresariales aseguran que “se trata de la crisis más grave en la historia de la pesca argentina. La temporada de langostino comenzó, pero la flota congeladora permanece amarrada desde marzo. Más de 5.000 marineros están sin trabajar, y las pérdidas para el país superan los 200 millones de dólares”.
Las cámaras consignan que “la industria permanece paralizada. Un total de 113 buques congeladores están fuera de operación desde hace más de 100 días, afectando profundamente la economía de localidades como Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia. Las consecuencias impactan no solo sobre los marineros, sino también sobre toda la cadena logística, productiva y comercial asociada al sector”.
La profundización del conflicto y la extensión del mismo en el tiempo genera un clima de incertidumbre al punto que hace peligrar la realización de la temporada de pesca de langostino en aguas nacionales.
“Se advirtió que el actual convenio colectivo, firmado en 2005, resulta inviable frente a un contexto internacional de fuerte caída de precios. “La decisión de no actualizar ese marco de trabajo está desprotegiendo a quienes más dependen de esta actividad”, señalaron.
Según las estimaciones del sector, un marinero podría estar percibiendo ingresos brutos del orden de los 10 millones de pesos mensuales, en base a parámetros realistas de productividad. Hoy, por el contrario, la mayoría solo accede al salario básico, que ronda los 500.000 pesos.
“Queremos volver al mar. No es una discusión ideológica, es una urgencia económica y matemática. Cada día que pasa se pierde trabajo, competitividad y futuro”, insistieron los representantes del sector empresario, que reiteraron su disposición al diálogo inmediato.
La pesca argentina representa casi el 4% de las exportaciones nacionales, genera más de 46.000 empleos directos y exporta a más de 100 mercados internacionales. “Pero su sostenibilidad —económica, social y ambiental— está en juego si no se alcanzan acuerdos que permitan recuperar la actividad”, señalan.
