El Consejo Federal Pesquero recibió una orden judicial por medio de la cual se le exigió aporte todos los antecedentes obrantes en el organismo en lo atinente al procedimiento de asignación de Cuotas Individuales Transferibles de Captura de merluza común.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas en el marco de la causa CFP N° 4416/2024 requirió formalmente que se giren las actuaciones que se han llevado a cabo en el proceso de cuotificación y esto guarda relación con la denuncia sobre el presunto pedido de coimas que habrían recibido empresas, que desató un escándalo hace dos meses atrás.
Las denuncias interpuestas ante la Justicia Federal de Mar del Plata y la Oficina Anticorrupción por parte del diputado bonaerense Gustavo Pulti motivaron el requerimiento judicial que ingresó el 24 de octubre al Consejo Federal Pesquero, con intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Vale recordar que la PIA integra la Procuración General de la Nación, como órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional.
En septiembre tomó estado público un hecho, que jamás fue desmentido, donde presuntos emisarios del Gobierno nacional que preside Javier Milei habrían solicitado 15 millones de dólares a empresarios del sector pesquero para garantizar que el actual régimen de cuotas individuales transferibles de captura (CITC) de merluza hubbsi se mantuviera sin cambios por los próximos 15 años.
Según la versión inicial de LPO, el presunto pedido de coimas habría llegado a oídos de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a través de la empresa Iberconsa, una de las compañías de mayor participación en captura de merluza hubbsi y perteneciente al grupo estadounidense Platinum Equity.
A partir de ese episodio se abrieron dos instancias de investigación, una promovida por el exintendente marplatense Gustavo Pulti y otra de oficio por parte de un organismo dependiente de la Procuración General de la Nación.
En el marco del expediente abierto por la PIA, conducida por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, se solicitó información al CFP sobre las actuaciones administrativas que se han llevado a cabo hasta el momento en lo que respecta al procedimiento de asignación de las CITC; y la Asesoría Letrada del consejo respondió el requerimiento según se consignó en el Acta N° 21 (6.1.) del organismo del día de ayer.
Al mismo tiempo, el caso es investigado también por la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, a partir de una presentación realizada por Pulti.
El legislador bonaerense y presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara baja provincial, pidió que se investigue “la posible comisión de los delitos de cohecho”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y “exacciones ilegales”.
En este contexto, Pulti consultó al Consejo Federal Pesquero “respecto de las medidas tomadas y si efectivamente se resolvió suspender la continuidad de los procedimientos de renovación de las cuotas como consecuencia de los hechos de corrupción denunciados”; aunque el diputado sostiene que nunca recibió respuesta oficial del organismo.
