Un nuevo capítulo de la sórdida batalla que mantiene un grupo de empresas de estibaje de Puerto Rawson con el sindicato SUPA, protagonizaron este jueves, escalando al punto que peligró la descarga de la flota con cientos de toneladas de langostino.
La sangre no llegó al río por la diligente intervención del gobernador Ignacio Torres que permitió destrabar los desembarques en los muelles privados, de la margen sur del puerto de Rawson.
En las primeras horas de la tarde, el SUPA hizo saber a diferentes armadores de barcos que “no se le dará mano para descargar” a las empresas Scarico, RV, Suarmo y Estibajes Rawson.
Esto en principio obedecería a que esas empresas siguen sin liquidar el porcentaje de incremento salarial que el SUPA pautó con el resto de las firmas del sector y que mereció el conflicto del mes de noviembre. El 168% con la inflación y la fuerte devaluación incluso hasta habría quedado por debajo y licuado ese porcentaje.
La temporada empezó demorada por una puja que puntualmente tiene ese grupo empresario de la estiba y de la flota amarilla con el gremio de la estiba.
En verdad bajo el ropaje de una paritaria irresuelta, lo que está pasando es que los nuevos factores de poder no son aceptados por el ex monopolio que conforman los dueños de esas empresas y el mandamás de la flota amarilla.
Antes, la paritaria la decidía ese grupo empresario, la anterior conducción del SUPA y el Secretario de Pesca que además era representante legal del gremio; ese esquema dejó de funcionar.
Vale mencionar que en esta paritaria sí firmaron otras empresas de estibajes que están operando en los muelles privados, en la margen sur de la desembocadura del río Chubut.
Este jueves al no tener manos de estiba las empresas que trabajan en los muelles públicos, los barcos empezaron a negociar sus desembarques en los muelles privados.
Las fricciones fueron en aumento y generando un clima de tensión, concretamente cuando un funcionario de segunda línea del área de control y fiscalización de la Secretaría que Pesca, que viene de la anterior gestión, y tendría aceitados vínculos con el grupo empresario de la flota amarilla, que durante cuatro años manejaron la administración, avisó informalmente a los dueños de los muelles privados y a los barcos a que no se crucen a descargar al frente.
“Por orden del secretario de Pesca en línea con el gobernador Torres no se hacen guías y se retiran los inspectores de los muelles hasta que se resuelva el conflicto, todo para generar igualdad de condiciones”, transmitió provocando un marco de incertidumbre y preocupación.
Los mensajes de texto y audio circularon rápido en el puerto donde en una presunta solidaridad los inspectores no iban a realizar las guías para que se descargue el langostino, en los muelles privados, y la mercadería salga hacia las plantas de procesamiento de Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.
Al caer la noche, se supo que el propio gobernador Ignacio Torres tomó intervención en el tema, ya que hasta se había invocado falsamente su nombre, por lo que impartió estrictas instrucciones para que la Secretaría de Pesca disponga de los inspectores necesarios para que se desarrolle la operatoria de descarga con normalidad en los muelles de la margen sur del puerto capitalino.
La maniobra que se habría intentando orquestar pretendía generar un conflicto generalizado, que todos los barcos se queden cargados y el langostino se pudra a bordo; así endilgarían tamaño suceso a los reclamos sindicales de la estiba.
En medio de la situación donde no se sabía que iba a ocurrir con los barcos cargados de mercadería perecedera, y ante la falta de inspectores para realizar las guías, se empezó a analizar que se invoque el Decreto N° 799/19 dictado por el entonces gobernador Mariano Arcioni que “faculta a la Secretaría de Pesca a disponer, en circunstancias excepcionales, las medidas que resulten necesarias en orden a la existencia de la Guía de Tránsito para el transporte de productos de mar, cuando existiese imposibilidad por parte de la Autoridad de Aplicación de garantizar la entrega de dicho documento en tiempo oportuno”.
Ese decreto, de plena vigencia, hubiera sido la herramienta jurídica utilizada si no se garantizaban inspectores en los muelles donde la estiba opera con normalidad. Esa normativa fijó que para casos excepcionales se pueda transportar productos de mar sin guía, porque un conflicto gremial o de paritaria no sería causa habilitante suficiente para dejar de prestar el servicio público de la trazabilidad de la pesquería. Tanto menos, entonces, existiría una causa habilitante como esta de una presunta ‘solidaridad’ de los inspectores con los reclamos de la estiba.
Con todo, durante horas, hubo incertidumbre y peligro de pérdida de cientos de toneladas de materia prima. Un funcionario que viene de la anterior gestión tuvo un rol protagónico en el suceso, por lo que, en Puerto Rawson, sospechan que detrás hubo una intencionalidad empujada por el grupo que durante años manejó el puerto y la pesca de Chubut, de hacer escalar un conflicto parando los muelles privados para lo que apelaron a un ‘idiota útil’ que haga el trabajo sucio. Torres apenas enterado de la situación activó los resortes pertinentes y la situación no se desmadró.
