La investigación por presuntas coimas en Tandanor apunta al exgerente comercial Julio Eduardo Galle y al empresario pesquero marplatense Antonio Alejandro Napoleone, director de Lucrimar S.A. La Justicia sospecha que se habría intentado condonar una deuda de unos US$200.000 a cambio de un pago ilegal. Cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello permitieron secuestrar US$367.110, documentación y un recibo manuscrito por US$100.000, en una causa que investiga presunto cohecho y administración infiel contra el patrimonio estatal.
Tandanor quedó nuevamente en el centro de una investigación judicial. El astillero estatal, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, es escenario de una causa por una presunta maniobra de corrupción que comenzó con una auditoría interna y terminó con cinco allanamientos, el secuestro de más de US$367.000 en efectivo y el hallazgo de documentación que podría resultar clave para determinar el destino y origen de los fondos.
La investigación se inició luego del cambio de autoridades de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), cuando una auditoría detectó presuntas irregularidades vinculadas con el cobro de servicios prestados a una empresa privada. La propia compañía estatal presentó una denuncia que dio lugar a la investigación federal.
La hipótesis que analiza la Justicia apunta a una presunta maniobra mediante la cual un entonces gerente comercial de Tandanor habría ofrecido condonar una deuda cercana a los US$200.000 que una empresa pesquera marplatense mantenía con el astillero a cambio de un pago. El expediente investiga posibles delitos de cohecho y administración infiel en perjuicio de la administración pública.
CINCO ALLANAMIENTOS
El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo del juez Sebastián Casanello. Las tareas investigativas fueron delegadas en la unidad especializada de la Policía Federal contra la corrupción.
A partir del análisis de movimientos financieros, información patrimonial y dispositivos electrónicos, los investigadores identificaron cinco domicilios vinculados con las personas bajo investigación.
El 3 de septiembre se concretaron cinco allanamientos: cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. El resultado fue significativo. La Policía Federal secuestró US$367.110, parte de los cuales fue encontrada en una caja de seguridad bancaria ubicada en el microcentro porteño. El resto estaba en un departamento allanado durante el operativo. La caja de seguridad quedó clausurada por orden judicial.
Además de los dólares, los investigadores secuestraron $12.700.000, teléfonos celulares, computadoras, tablets, pendrives, documentación bancaria, extractos y registros vinculados con contratos y operaciones comerciales.
UN EXGERENTE Y UN EMPRESARIO
Uno de los principales investigados es Julio Eduardo Galle, quien se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor. La investigación también alcanza a Antonio Alejandro Napoleone, director de Lucrimar S.A., una empresa que mantenía una deuda con el astillero por servicios prestados.
Según la hipótesis judicial, Galle habría ofrecido condonar esa deuda a cambio de recibir una suma de dinero. La investigación deberá establecer ahora si existió efectivamente un acuerdo, si el dinero secuestrado tiene relación con esa presunta maniobra y cuál habría sido el circuito de los fondos.
LA PISTA MANUSCRITA
Entre los elementos incorporados al expediente aparece además documentación que podría tener particular relevancia para los investigadores, entre ella un recibo manuscrito vinculado con una operación en moneda extranjera.
Junto con ese documento fueron secuestrados comprobantes bancarios, documentación contractual y distintos dispositivos electrónicos que ahora deberán ser analizados.
El contenido de teléfonos, computadoras y otros soportes digitales podría permitir reconstruir las comunicaciones entre los involucrados, los movimientos de dinero y la eventual relación entre las operaciones comerciales de Tandanor y los fondos bajo investigación.
Tandanor fue privatizada en 1991 y posteriormente reestatizada en 2007. Su historia reciente también estuvo atravesada por una causa judicial relacionada con la privatización de la compañía y la transferencia de uno de sus históricos predios.
POSIBLE PRIVATIZACIÓN
La investigación llega además en un momento particularmente sensible para las empresas estatales. Tandanor se encuentra dentro del universo de compañías públicas alcanzadas por el proceso de transformación impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Por eso, el avance de la causa no sólo tendrá consecuencias judiciales para los eventuales involucrados. También podría abrir un nuevo debate sobre los mecanismos de control, transparencia y administración de las empresas estatales consideradas estratégicas.
Por ahora, la Justicia busca reconstruir el circuito de una presunta coima de US$200.000 mientras analiza un hallazgo considerablemente mayor: US$367.110 en efectivo, además de pesos, documentación y dispositivos electrónicos.
La investigación recién comienza a revelar sus principales piezas. El contenido de los dispositivos secuestrados, el origen del dinero y el análisis de la documentación comercial serán determinantes para establecer si detrás de las irregularidades detectadas por la auditoría hubo una maniobra individual o un esquema de corrupción de mayor alcance.
