El diputado nacional Maximiliano Ferraro por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Coalición Cívica), presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique qué firmó con Estados Unidos bajo el programa “Protecting Global Commons Program”, anunciado públicamente por la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina el pasado 18 de mayo de 2026.
El legislador reclamó transparencia sobre los alcances del entendimiento y advirtió que temas vinculados a soberanía, defensa y política exterior “no pueden quedar envueltos en acuerdos ambiguos ni anuncios sin explicaciones”.
“El Congreso tiene la responsabilidad de controlar, exigir información y garantizar que ningún compromiso estratégico para la Argentina se tome de espaldas a la sociedad”, sostuvo Ferraro al fundamentar la iniciativa.
El proyecto solicita que el Gobierno nacional remita copia íntegra de la “Carta de Intención” suscripta entre autoridades argentinas y estadounidenses en el marco del programa, y que informe qué organismos nacionales participaron de la negociación, elaboración y firma de la iniciativa.
Asimismo, el diputado pidió conocer si el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto o la Jefatura de Gabinete emitieron dictámenes técnicos, jurídicos o políticos respecto del acuerdo. En caso afirmativo, reclamó que se envíen copias de esos documentos.
Otro de los puntos centrales del pedido apunta al alcance operativo, estratégico y jurídico del programa anunciado por Estados Unidos. Ferraro también solicitó precisiones sobre el equipamiento que eventualmente sería entregado a la Argentina, incluyendo especificaciones técnicas, costos, mecanismos de financiamiento y condiciones de utilización.
En el texto presentado ante la Cámara baja, el legislador preguntó además si existen cláusulas de confidencialidad, cooperación operativa, intercambio de información sensible o mecanismos de asistencia técnica y/o militar asociados al programa.
El proyecto también exige aclaraciones sobre una eventual presencia de personal extranjero en territorio argentino, asistencia permanente, capacitación local o participación conjunta en operativos vinculados al acuerdo.
En materia presupuestaria, Ferraro pidió que el Poder Ejecutivo informe cuál sería el costo total estimado para el Estado argentino durante toda la vigencia del programa.
Finalmente, el pedido de informes reclama conocer qué áreas geográficas específicas del Atlántico Sur quedarían comprendidas dentro del “Protecting Global Commons Program”.
El proyecto fue presentado en los términos del artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, mecanismo mediante el cual la Cámara de Diputados puede requerir informes al Poder Ejecutivo a través de los organismos correspondientes.
