El Gobierno promulgó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y publicó el texto en el Boletín oficial, dos horas después de que el Senado aprobara el tratado. De esta manera, la Argentina se convirtió en el primer país de la región en proclamar la ley.

Su implementación y entrada en vigor está en suspenso por decisión del Parlamento Europeo acordó remitir el texto del tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe si el marco jurídico del acuerdo es compatible con los tratados del bloque comunitario

El canciller Pablo Quirno en su cuenta de X destacó que “esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea”.

“La Argentina será próspera”, concluyó Quirno en su mensaje. El objetivo de la administración libertaria es que las condiciones del tratado se apliquen lo más rápido posible en el comercio entre ambos bloques regionales.

Según entienden, este es un paso primordial para bajar los costos de importación y lograr así que miles de productos argentinos ingresen al mercado europeo. Así lo dio a entender el Gobierno luego de la sanción del Congreso, que fue festejada por los canales oficiales.

“Un paso fundamental para la inserción internacional y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”, celebró en X la Oficina del Presidente.

Para la Casa Rosada, el acuerdo, que se circunscriben en un contexto de las fuertes reformas económicas que impulsa Javier Milei, representa “una oportunidad para promover el desarrollo económico” y para “ampliar el acceso a los mercados”.

Tras el acuerdo, desde el Gobierno confían en que su implementación permitirá generar “condiciones favorables para la inversión” y, al mismo tiempo, fortalecerá “la competitividad de los sectores productivos” dentro de un marco de “reglas claras, previsibilidad y mayor integración”.

Si bien el Congreso Nacional argentino dio luz verde al acuerdo, hay un freno de mano en Europa. Este convenio largamente negociado durante más de 25 años, sufrió a mediados de enero una nueva contingencia en su proceso de aprobación. Pese a que el Consejo de la UE aprobó políticamente el acuerdo y se realizó una firma formal en enero de 2026, su entrada en vigor quedó momentáneamente en suspenso por una decisión del Parlamento Europeo.

En una votación ajustada, una mayoría de eurodiputados acordó remitir el texto del tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe si el marco jurídico del acuerdo es compatible con los tratados del bloque comunitario y si puede ser aprobado de manera parcial o anticipada sin la ratificación de todos los parlamentos nacionales.

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