El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunciaron el último viernes que relanzarán el proyecto de ley sobre el cabotaje. Fue durante la 2ª Cumbre Federal de Logística organizada en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) cuando compartieron el panel de cierre titulado “Logística sin nudos”.
Se trató de uno de los cambios propuestos por el Sturzenegger, quien tuvo que relegar sus ambiciones, luego del fracaso del proyecto de ley de Propiedad Privada, con el capítulo de la Ley de Tierras.
La reforma de la Ley de Cabotaje empezará a discutirse este martes en la Cámara de Diputados. El encuentro, llamado “Cabotaje y Desarrollo Productivo”, se hará desde las 11 en la Sala Delia Parodi y reunirá a legisladores, funcionarios nacionales y empresarios
El medida apunta a reducir los costos logísticos, ampliar la competencia y facilitar el transporte de cargas y pasajeros por vía fluvial y marítima. El Poder Ejecutivo sostiene que el esquema actual encarece el traslado interno y desalienta el uso de los ríos para transportar productos que hoy, en muchos casos, deben movilizarse por camión.
Actualmente hay restricciones que prohíben el uso de embarcaciones extranjeras para el traslado de cargas entre puertos argentinos y, de esa manera, según el Gobierno, hay un escollo para la capacidad de la Hidrovía.
Para las provincias del Norte, el objetivo es particularmente sensible porque el costo logístico constituye uno de los principales obstáculos para colocar su producción en los mercados nacionales e internacionales. Varios gobernadores le solicitaron al Gobierno retomar esa idea de reapertura de las vías marítimas.
La reforma se frenó por un fuerte conflicto sindical que paralizó el comercio exterior. El intento de desregular el servicio de practicaje y pilotaje mediante el Decreto 690/2026, publicado a fines de julio, hizo que los gremios irrumpieran la actividad comercial durante varios días.
La medida había modificado las condiciones para la contratación de estos profesionales, habilitó una mayor competencia entre prestadores, amplió las excepciones a la obligatoriedad de embarcar un práctico y permitió recurrir a otros medios de transporte para su traslado hacia los buques.
La respuesta del sector fue un enfrentamiento que afectó el movimiento de los puertos y la asistencia a los buques, en rechazo a los cambios regulatorios.
El 4 de agosto, luego de una negociación con los representantes de la actividad, el Gobierno acordó una reducción del 20% en las tarifas y suspendió la aplicación del decreto que había originado la disputa, lo que permitió encaminar la normalización del servicio.
En el marco de su exposición en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el jefe de Gabinete hizo alusión al nuevo proyecto que propone el Gobierno. No tendrá grandes cambios al concepto que se procuró en aquel decreto y ese proyecto que se trabajó en Desregulación, aunque contemplará algunos cambios.
