La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar parcialmente el pedido de la conducción del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de prorrogar los mandatos, en virtud de la suspensión de las elecciones ordenadas por ese tribunal.
El secretario general Raúl Omar Durdos, después de desconocer las mandas judiciales, le solicitó a la Cámara de Apelaciones del Trabajo que le otorguen tres meses adicionales de mandato, teniendo en cuenta que el vencimiento de los cargos se produjo el pasado 28 de diciembre de 2025.
El tribunal aprobó por mayoría conceder una prórroga de mandatos solicitada por el sindicato, pero “teniendo en cuenta la reticencia de la demandada al cumplimiento de la orden impartida de suspender las elecciones, propongo limitarlo por única vez a 45 días, el que no podría ser prorrogado de hecho, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, en los términos del Art. 804 del CCyCN, de un millón de pesos ($1.000.000) por cada día de incumplimiento, las que podrán ser incrementadas de no modificarse la postura renuente”, señala la Cámara.
En menos de un mes, el 11 de febrero de 2026, se cumplen los 45 días de prórroga de los mandatos en la conducción del SOMU. Hasta el momento no se ha resuelto la cuestión de fondo que derivó en la suspensión de las elecciones que fueron los planteos de irregularidades por parte de la Junta Electoral, por lo que tampoco se ha podido aún volver a poner en marcha los plazos para una nueva convocatoria a comicios internos.
Como se recordará la Junta Electoral, que preside Jorge Eduardo Logwiniuk, excluyó de la contienda electoral a la Lista Granate 41 y solamente oficializó a la Naranja 22 que llevaba a Raúl Durdos a la reelección. La oposición no solo cuestionó su exclusión, sino que advirtió que el actual secretario general del SOMU está procesado en una causa penal, y el estatuto del sindicato prevé que no podrán ser candidatos quienes están imputados en un proceso penal.
En este contexto, la posibilidad de una ‘intervención judicial’ es una alternativa que se podría adoptar para que se pueda garantizar un proceso electoral transparente y no corra riesgo la institucionalidad de la organización sindical. En el SOMU ya ha habido antecedentes de intervenciones judiciales y hoy es una posibilidad que empieza a cobrar fuerza.
