La industria pesquera argentina sufre las consecuencias del conflicto originado a partir de la desregulación del practicaje cuyo sector inició una inédita medida de fuerza que paraliza los puertos y pone en riesgo las exportaciones y el transporte marítimo y fluvial en todos los puertos del país.
El conflicto entre el Gobierno y los prácticos impide el ingreso y la salida de buques de carga. La medida de fuerza comenzó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que modifica de manera permanente el régimen del practicaje y pilotaje. Mientras el Ejecutivo defiende la apertura del mercado para reducir costos logísticos, el sector denuncia que la reforma compromete la seguridad de la navegación.
En Puerto Madryn permanece en rada el container ship AS SILJE que proviene de Puerto Deseado y que ingresó al Golfo Nuevo para subir contenedores y trasladarlos a Montevideo, desde donde luego toma otras rutas hacia sus destinos exportables.
El buque de carga llegó el domingo cuando se disparó la medida de fuerza de los prácticos y aguarda la evolución de la situación, con la incertidumbre que genera en el sector exportador pesquero por las demoras que sufren las cargas, con los consecuentes perjuicios en la cadena de comercialización.
En el puerto madrynense se ha sumado otra complicación que es que hay 140 enchufes de contenedores reefer que no están funcionando, con lo cual se complica enviar contenedores cargados a puerto. Este problema que no pueda ingresar el barco portacontenedores AS SILJE provoca que no se pueda descomprimir la plazoleta fiscal, con carga que está lista para exportar; eso liberaría más enchufes y agilizaría el circuito y operatoria.
UN DECRETO QUE CAMBIÓ LAS REGLAS
La actividad portuaria argentina atraviesa una de las mayores crisis de los últimos años. La decisión de los prácticos de no prestar servicios mantiene paralizado el ingreso y la salida de numerosos buques de carga en los principales puertos del país, con un impacto directo sobre las exportaciones que constituyen el núcleo del comercio exterior argentino.
El conflicto se originó tras la publicación del Decreto 690/2026 en el Boletín Oficial el 31 de julio. La norma, impulsada por el Gobierno nacional en el marco de su política de desregulación económica, fue firmada por el presidente Javier Milei y refrendada por el jefe de Gabinete y los ministros competentes, entre ellos el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El decreto entró en vigencia el mismo día de su publicación y no establece un plazo de duración, ya que modifica de forma permanente el régimen que regula el servicio de practicaje y pilotaje en la navegación marítima y fluvial.
La única disposición transitoria prevista fija un plazo de 180 días para que la Armada Argentina transfiera a la Prefectura Naval Argentina las funciones vinculadas con la habilitación y certificación de prácticos y pilotos, como parte de la reorganización administrativa impulsada por la norma.
QUÉ CAMBIA CON LA DESREGULACIÓN
El nuevo régimen elimina restricciones que, según el Gobierno, impedían el ingreso de nuevos profesionales y favorecían un mercado altamente concentrado. Además, deroga el sistema de cupos vigente desde comienzos de la década de 1990, crea un registro administrado por la Prefectura Naval Argentina y faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a establecer tarifas máximas de referencia para la prestación del servicio.
La reforma también contempla que, en situaciones excepcionales que comprometan la continuidad de la navegación, la Prefectura pueda prestar el servicio de practicaje para evitar la interrupción del tráfico marítimo y fluvial.
Para la administración nacional, estas modificaciones permitirán incrementar la competencia, reducir los costos logísticos que enfrentan los exportadores y mejorar la competitividad de la economía argentina, especialmente en un contexto donde el transporte representa una parte significativa del costo final de los productos destinados al mercado internacional.
LOS ARGUMENTOS DE LOS PRÁCTICOS
Los prácticos, pilotos y baqueanos rechazan de plano la reforma. Sostienen que el nuevo esquema desregula una actividad considerada estratégica para la seguridad de la navegación y advierten que la eliminación de los mecanismos tradicionales de habilitación y control profesional podría afectar los estándares técnicos requeridos para conducir grandes buques en zonas de alta complejidad, como el río Paraná, el Río de la Plata y los accesos a los puertos argentinos.
El sector también cuestiona la intervención estatal sobre las tarifas y considera que la apertura irrestricta del mercado pone en riesgo una actividad que requiere una extensa formación profesional, experiencia acumulada y un profundo conocimiento de las condiciones de navegación de cada puerto.
Como respuesta a la entrada en vigencia del decreto, los prácticos dejaron de prestar servicios, una decisión que rápidamente comenzó a afectar la operatoria portuaria.
EXPORTACIONES DEMORADAS Y COSTOS CRECIENTES
La falta de prácticos impide que numerosos buques puedan ingresar o abandonar los puertos argentinos, ya que la legislación mantiene la obligatoriedad de contar con estos profesionales para navegar en determinados tramos de los accesos marítimos.
La interrupción del servicio repercute directamente sobre las cadenas de exportación, donde cada día de demora incrementa los costos de estadía de los buques, genera incumplimientos contractuales y retrasa el ingreso de divisas por ventas al exterior.
Mientras el Gobierno sostiene que la desregulación permitirá construir un sistema más competitivo y eficiente, los trabajadores del sector insisten en que la reforma compromete la seguridad de la navegación y reclaman la revisión del decreto. Sin una instancia de negociación que acerque posiciones, el conflicto amenaza con prolongarse y profundizar sus efectos sobre el comercio exterior.
