La empresa Conarpesa solicitó la revocación de la Resolución N° 384 de la Secretaría de Trabajo de Chubut, cuestionó la calificación del conflicto como colectivo y aseguró que las amenazas contra su presidente y los recientes hechos de violencia impidieron su participación en la audiencia convocada para este martes.
La representación legal de la empresa, a cargo del abogado Luis Ángel Novoa, comunicó que la firma no se presentaría a la audiencia fijada para esta mañana por entender que no está resguardada la seguridad de sus representantes.
Según el escrito, el presidente de la sociedad, Fernando Álvarez Castellano, ha sido objeto de amenazas telefónicas contra su integridad física, situación agravada por los bloqueos y la toma de oficinas administrativas ocurridos recientemente.
“INJURIA GRAVE”
La empresa fijó posición respecto a la situación laboral actual, rechazando que se trate de un “conflicto colectivo de trabajo”. Conarpesa confirmó el despido de 39 trabajadores, fundamentando la decisión en una “injuria grave” derivada de la toma de las oficinas administrativas el pasado 15 de julio de 2026.
Dicho incidente fue denunciado ante el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, aportándose filmaciones y datos de las personas involucradas.
La firma sostiene que la conducta de los trabajadores despedidos extingue el vínculo laboral bajo las causales del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que el asunto debe ser resuelto por la justicia penal y laboral, y no mediante una instancia administrativa colectiva.
CONTINUIDAD OPERATIVA
En su descargo, la empresa también informó al Secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, sobre las reformas edilicias que se llevan a cabo en su planta de procesamiento.
Consta en la presentación que, si bien se estimaba que las obras finalizarían a mediados de julio, los plazos se han extendido hasta fines del corriente mes y, de no concluirse las tareas en esa fecha, Conarpesa planea habilitar su planta en Puerto Rawson para el procesamiento de materia prima, organizando el traslado del personal desde Puerto Madryn.
QUERELLA Y FUEROS GREMIALES
El documento también menciona “la promoción de una querella penal contra Luis Núñez” a raíz de “fuertes expresiones” lanzadas contra Álvarez Castellano, aunque la misma no obtuvo el trámite correspondiente debido a que el dirigente optó por ampararse en sus fueros gremiales.
Finalmente, la empresa solicitó formalmente que se tenga por interpuesto un recurso de reposición y jerárquico en subsidio para dejar sin efecto la Resolución 384/2026-STR, reafirmando que no consentirán actos de fuerza de ninguna naturaleza.
