Las cámaras empresariales del sector pesquero han presentado, ante el Ministerio de Capital Humano de quien depende la cartera laboral, una denuncia parcial de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) relacionados con los “salarios por producción de langostino congelado a bordo”, y solicitan una revisión de los mismos, al tiempo que efectúan reserva federal o incluso recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.
CAPIP, CAPECA y CEPA fundamentan la presentación argumentando un cambio sustancial en el mercado consumidor y en la estructura de costos, lo que ha provocado que los valores de referencia para la liquidación de la producción sean excesivamente onerosos. Según las cámaras, estos valores no se corresponden con los precios del mercado internacional, afectando la viabilidad económica de la flota tangonera congeladora.
El planteo de revisión alcanza puntualmente a los artículos 35 del CCT 486/07 bis, 36 del CCT 729/15, 32 del CCT 579/10 y 32 del CCT 580/10 y sus Anexos III.
READECUACIÓN DE VALORES
En este contexto, las cámaras proponen una readecuación de los valores de referencia para que guarden una relación económica razonable con las circunstancias actuales del mercado, buscando un esquema de remuneraciones adecuado a la situación actual.
Las empresas señalan que la situación actual está afectando negativamente la actividad, con buques inactivos y una rentabilidad negativa, donde los costos laborales representan un alto porcentaje del costo de producción. Destacan la importancia de mantener la sustentabilidad de la actividad para proteger el empleo y la producción.
RESERVA FEDERAL
Las cámaras se reservan el derecho de iniciar acciones judiciales si no se llega a una solución o si la solución es parcial, formulando también reserva de Caso Federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Argumentan que la crisis de precios y consumo impide el normal desarrollo de la actividad que reglamenta.
“EXCESIVA ONEROSIDAD”
Los empresarios aseguran que los convenios fijan precios de otra época. Dijeron que “ya no guardan relación económica con los valores de venta”. El documento afirma que los acuerdos provocan “excesiva onerosidad sobreviniente”. Con esa expresión técnica piden la invalidez de las cláusulas.
Las cámaras citaron el artículo 1091 del Código Civil. Justificaron su pedido en la frustración del contrato por causas ajenas. Indicaron que el 60% del costo de producción lo absorben los sueldos. De ese total, el 40% corresponde a los marineros, afiliados al SOMU.
El resto corresponde a cargas sociales y personal técnico. También mencionaron combustible, mantenimiento, estiba y fletes como costos adicionales. Las empresas reclaman una adecuación urgente. Propusieron nuevos valores de referencia “sustentables” para liquidar la producción a bordo. En tanto, advirtieron que la flota congeladora permanece inactiva. Afirmaron que no puede operar en condiciones mínimamente viables.
RENTABILIDAD NEGATIVA DEL 16,5%
La denuncia también refiere a una “distorsión grave” del esquema actual. Citan que el precio del langostino cayó a la mitad respecto de 2004. Los valores pasaron de u$s12.000 a u$s5.000 por tonelada. Los costos internos, según indican, se mantuvieron sin cambios relevantes.
Los empresarios dijeron que la situación es insostenible. Reclamaron un nuevo marco salarial que refleje “la realidad económica”. Plantearon que el 85% del sueldo de los marineros se compone por tonelada producida. Todo el sistema está atado a valores fijados en dólares.
El restante 15% corresponde a sumas fijas en pesos. Fue actualizado por inflación, pero no compensa la caída de la rentabilidad. Explicaron que la rentabilidad negativa supera el 16,5%. Las cifras surgen de una comparación entre costos y precios de venta. En este marco, cuestionaron que el esquema salarial no se ajustó al nuevo paradigma. Dijeron que el consumo internacional cambió y que la oferta superó a la demanda.
