La Cámara de Diputados de la Nación convirtió ayer en ley la adhesión de la Argentina al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma en noviembre de 2009. La iniciativa obtuvo un respaldo unánime de 228 votos afirmativos.
La aprobación, por unanimidad, representa un paso significativo para fortalecer los mecanismos de control sobre la actividad pesquera y combatir una problemática que genera pérdidas económicas, afecta la sustentabilidad de los recursos marinos y pone en riesgo la conservación de los ecosistemas oceánicos.
REFORZAR CONTROLES
El acuerdo, conocido internacionalmente por sus siglas en inglés PSMA (Port State Measures Agreement), es considerado el primer tratado global jurídicamente vinculante enfocado exclusivamente en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Fue aprobado por la Conferencia de la FAO en 2009 y entró en vigor en 2016, luego de alcanzar el número mínimo de ratificaciones requeridas.
La herramienta central del tratado consiste en reforzar los controles en los puertos. Los Estados adherentes deben exigir información previa a los buques pesqueros extranjeros, inspeccionar embarcaciones sospechadas de actividades ilegales y, en caso de detectar irregularidades, negar el ingreso a puerto o impedir el desembarque y comercialización de las capturas obtenidas fuera de la normativa vigente.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Para la Argentina, la adhesión adquiere especial relevancia por la magnitud de sus recursos pesqueros y por la persistente preocupación en torno a la actividad de flotas extranjeras que operan en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva del Mar Argentino.
La incorporación al acuerdo permitirá mejorar los mecanismos de intercambio de información con otros países, fortalecer las inspecciones portuarias y coordinar acciones internacionales destinadas a impedir que productos provenientes de la pesca ilegal ingresen a las cadenas comerciales.
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Además, la adhesión puede favorecer la competitividad de las exportaciones pesqueras argentinas al alinearlas con estándares internacionales cada vez más exigentes en materia de trazabilidad, sustentabilidad y control de origen de los productos del mar. Diversos mercados demandan garantías de que las capturas comercializadas provienen de actividades legales y respetan las normas de conservación de los recursos pesqueros.
Los antecedentes del acuerdo se remontan a más de dos décadas de negociaciones internacionales impulsadas por la creciente preocupación por la pesca INDNR. La FAO avanzó primero con instrumentos voluntarios y, posteriormente, entre 2008 y 2009 desarrolló un tratado de cumplimiento obligatorio que finalmente fue aprobado en Roma el 22 de noviembre de 2009.
COOPERACIÓN GLOBAL
Con la sanción de la ley, la Argentina se incorpora a un sistema global de cooperación que busca cerrar los puertos a las embarcaciones involucradas en actividades ilegales, reducir los incentivos económicos de la pesca furtiva y contribuir a la preservación de los recursos marinos para las futuras generaciones. La medida también refuerza la posición del país en los foros internacionales vinculados a la gobernanza de los océanos y la explotación sostenible de los recursos pesqueros.
