Puerto Rawson sigue bajo máxima tensión. El viernes comenzaron a enviarse telegramas de despido a capitanes que no acataron la conciliación obligatoria y el sábado el Centro de Patrones lanzó un paro de alcance nacional.
El domingo, el gobierno de Chubut anunció que convocaba a una multisectorial para mañana martes para abordar la crisis que vive la pesca en Rawson. La reacción oficial se da a ocho meses de iniciado el conflicto que ha venido siendo pateado hacia adelante con sucesivas conciliaciones, pero sin lograrse un acuerdo sobre la cuestión de fondo.
Todo comenzó el 19 de octubre de 2023 cuando la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) celebraron un acuerdo donde en la cláusula tercera se estableció que “atento la marcada escalada inflacionaria que transita el país y el sinuoso desequilibrio económico imperante en materia de precios, las partes acuerdan establecer una cláusula de ajuste por inflación extraordinaria, acorde los índices oficial que publique el INDEC comprensivo a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. A tales fines, acuerdan someterse dentro de la primera quincena del mes de enero de 2024, automáticamente el porcentual de ajuste por inflación de los citados tres meses del año 2023”.
Allí nace el eje de la controversia que hasta hoy sigue sin resolverse. La flota amarilla consideró que esa cláusula era impagable y desconoció el acuerdo. La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo. Meses después revocó su propia decisión y le dio a razón a la cámara empresaria.
Los sindicatos siguieron reclamando el cumplimiento de aquella cláusula y con diferentes conciliaciones se fue ganando tiempo, pero sin resolverse la cuestión de fondo.
En el caso del SOMU al vencerse las conciliaciones y liberarse a las partes, se dictó una última conciliación, pero en forma individual con las empresas, medida que está actualmente en vigencia.
Por su parte, el SICONARA firmó un acuerdo con la flota en junio pasado aceptando el valor de $830 el kilo de langostino para liquidar el concepto de producción y un bono de 20% sobre el valor de enero para saldar lo del último trimestre del año pasado.
Los capitanes enrolados en el Centro de Patrones iniciaron retención de servicios, pero al no ser un gremio paritario, no hubo dictado de conciliación. El clima de tensión creció cuando los patrones empezaron a presionar a sus pares de la Asociación de Capitanes para que se plegaran a la medida. Finalmente, esa entidad decretó un cese de actividades, casi en acuerdo con la cámara de la flota amarilla para que la autoridad laboral ordene una conciliación y se retome la actividad.
Los patrones se negaron a acatarla y el viernes pasado se produjo una veintena de despidos, lo que agravó la situación, ya que el sábado se decretó un paro a nivel nacional.
Ahora, el gobierno de Ignacio Torres llamó de urgencia a una reunión para mañana citando al STIA, SUPA, SICONARA, SOMU, Capitanes y Patrones, al tiempo que también están convocadas las cámaras CAPIP, CAFACH y la Asociación de Artesanales.
