El Tratado de Alta Mar, el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante destinado a proteger la biodiversidad en aguas más allá de las jurisdicciones nacionales, entró en vigor el sábado 17 de enero de 2026, tras superar el umbral de ratificaciones requeridas.
Su puesta en operación marca un avance en la gobernanza oceánica y genera impactos directos para países como Argentina, que enfrentan desafíos vinculados a la pesca ilegal y a la explotación de recursos en zonas de alta mar.
En este sentido, el nuevo marco —formalmente llamado Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Áreas más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ)— establece regulaciones para actividades humanas en las vastas áreas oceánicas fuera de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), que tradicionalmente operaron bajo un régimen de libertades con escasa regulación.
Entre sus pilares se encuentra la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, la obligación de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental antes de cualquier actividad potencialmente dañina y la promoción de cooperación científica y transferencia de tecnología para fortalecer la gobernanza de estos espacios oceánicos.
MILLA 201
Fuentes oficiales de la Prefectura Naval Argentina destacan que los esfuerzos de control redujeron ingresos ilegales a aguas jurisdiccionales, pero que la presión de flotas de aguas distantes en la alta mar persiste. Ese vacío era en gran medida resultado de la falta de un marco internacional vinculante aplicable a la alta mar, situación que cambia con la entrada en vigor del nuevo tratado.
El impacto de este tratado es particularmente relevante para países con amplias zonas marítimas y problemas de pesca ilegal, como Argentina. En la denominada milla 201, frontera externa de la ZEE argentina, operan cada temporada cientos de buques de pesca de gran escala —mayoritariamente de bandera china, taiwanesa, coreana y española— que explotan recursos como el calamar Illex argentinus fuera de la jurisdicción nacional y con mínima regulación internacional efectiva.
POSICIONES CRÍTICAS
Para expertos como César Lerena, especialista en pesca y Atlántico Sur, la libertad de pesca en alta mar, consagrada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), el Tratado de Alta Mar (BBNJ), vigente desde enero de 2026, despierta fuertes objeciones en la Argentina. Especialistas sostienen que su ratificación violaría la Constitución y podría implicar un reconocimiento indirecto de la ocupación británica en Malvinas y el Atlántico Sur. También advierten que debilita los derechos de los Estados ribereños y favorece a las potencias pesqueras.
Según Lerena, la Argentina no debería ratificar el tratado de alta mar. Sostiene que El “Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional” (más allá de las 200 millas), conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ; complementario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar entró en vigor el pasado 17 de enero de 2026 al haberlo ratificado más de 60 países, entre los cuales no estará Argentina -en buena hora- porque, si bien la ex Canciller Diana Mondino lo firmó el 18/6/2024, el Congreso no lo ratificó; porque -de hacerlo- violaría la Disposición Transitoria Primera (DTP) de la Constitución Nacional, reconociendo derechos al Reino Unido para participar como Estado de Pabellón -aunque ellos pretendan hacerlo como Estado ribereño- en la administración del Atlántico Sur, alterando la integración de los países de África occidental y América oriental, firmantes de la Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico (Res. 41/11 ONU); además de favorecer a los isleños británicos en Malvinas con la llegada de nuestros recursos pesqueros migratorios a las aguas argentinas invadidas por el Reino Unido.
¿CUÁNTO PIERDE ARGENTINA?
La pesca fuera de la ZEE produce capturas estimadas en torno a 750.000 toneladas anuales, con pérdidas económicas significativas para Argentina calculadas en miles de millones de dólares.
Aunque la implementación del tratado dependerá de la adhesión y aplicación de cada país, su entrada en vigor abre la puerta a mecanismos más estrictos de regulación de la pesca en alta mar.
Para que Argentina pueda aprovechar plenamente el nuevo marco, aún debe ratificar el tratado en el Congreso, luego de haberlo firmado en junio de 2024. La ratificación permitirá al país participar en la Conferencia de las Partes (COP) que se realizará dentro de un año desde la entrada en vigor, donde se definirán reglas de procedimiento y decisiones operativas esenciales para su aplicación efectiva.
