La Cámara de la Flota Artesanal (CAFAR) transmitió su postura contraria a la norma aprobada por la Legislatura al considerar que no genera condiciones que incentiven el cambio de zona de pesca para los artesanales como se había pedido originalmente. Hubo un planteo que lleva años, pero la redacción de la norma no contempla los pedidos de los artesanales en cuestión, al tiempo que la propuesta del Gobierno fue modificada, en plena sesión, en el recinto y aplicó aún mayores condiciones restrictivas de imposible cumplimiento.
La CAFAR expresó en un comunicado “su absoluto rechazo a la reciente sanción de la Ley Nro. 109/26, la cual modifica el régimen de la Ley IX Nro. 157 y abroga la Ley XVII N° 153”.
Consideran que “la nueva legislación resulta sustancialmente más restrictiva y limitante que la norma original, por lo que nuestra institución solicita de manera urgente al Gobernador de la Provincia el veto total del texto aprobado inaudita parte, cuyas disposiciones vuelven inviable la explotación de los permisos de pesca”.
Advierten de manera categórica que “bajo estas condiciones rígidas y desproporcionadas, la flota no acudirá al puerto de Camarones a pescar, dado que el nuevo marco regulatorio imposibilita técnica y económicamente el desarrollo regular de la actividad”.
En ese contexto, describen “un claro ejemplo de este impacto antieconómico es la restricción que impide el movimiento de buques entre los puertos de la Zona III y la Zona IV por un plazo de hasta 5 años. Esta medida desconoce por completo la biología del recurso y la dinámica real del mar: la zafra en la Zona III es estrictamente estacional y dura aproximadamente solo dos meses —desde mediados de diciembre hasta mediados de febrero—, período en el que el recurso ingresa al caladero antes de migrar hacia el sur”, enuncian al rechazar los términos de la ley aprobada porque según dicen no se atendió lo que plantearon originalmente.
Asimismo, la entidad que preside Nicolás Santos hace saber que “de aplicarse este esquema rígido, las embarcaciones quedarían obligadas a permanecer inactivas los 10 meses restantes del año, generando una paralización forzosa de la flota, pérdidas cuantiosas para los permisionarios y la destrucción de empleos tanto en el mar como en tierra”.
“Este y otros contrasentidos técnicos se hubiesen salvado de haber sido escuchados los propios pescadores y empresas armadoras, quienes son las partes directamente interesadas y conocen la operatividad del mar. Legislar a espaldas del sector productivo atenta contra la sustentabilidad económica de la provincia y la seguridad jurídica de las inversiones”, manifiesta la CAFAR en un comunicado
Por todo lo expuesto, desde la cámara de pesca artesanal “instamos al Poder Ejecutivo Provincial a vetar la Ley N° 109/26 y a convocar de inmediato a una mesa de trabajo participativa para redactar una norma razonable, realizable y en sintonía con la realidad pesquera”, concluyeron.
