A casi cuatro meses del hundimiento del barco pesquero ‘Heleno A’ nadie de la empresa armadora Puerto Agostino S.A., con domicilio en Mar del Plata, ha tomado contacto con los familiares del maquinista de 72 años desaparecido en el naufragio.
El dato lo confirmó a PARTE DE PESCA la abogada Marianela Holm Bengoa, patrocinante de Karina Cimbaro, viuda de Roberto Jacinto Carvajal, quien lamentó la falta de empatía de parte de los responsables de la armadora en ni siquiera acercarse a transmitir las condolencias tras el naufragio del buque Heleno A, ocurrido el 25 de febrero de 2026 en el Golfo San Matías; la embarcación había zarpado desde San Antonio Oeste al puerto bonaerense de Quequén.
CONFLICTO DE COMPETENCIA
La causa judicial atraviesa un conflicto de competencia entre la justicia federal y la provincial que deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fiscal federal Marcos Escandell pidió que se declare su incompetencia y el caso pasó a la justicia ordinaria de la Provincia de Río Negro, primero a un tribunal de Viedma, que también se declaró incompetente y giró las actuaciones a un juzgado de San Antonio Oeste, tampoco aceptó el caso por considerar que no corresponde a su jurisdicción.
La abogada Marianela Holm Bengoa, patrocinante de Karina Cimbaro, viuda del tripulante desaparecido, explicó que “el buque se hundió vuelta campana en febrero de este año, habiendo podido sobrevivir a los hechos cuatro tripulantes, excepto Roberto Carvajal, quien también ha sido intensamente buscado y ubicado por los mismos tripulantes en el momento del naufragio dentro del buque”.
A 109 METROS DE PROFUNDIDAD
La letrada indicó que “se halló el barco y se conoció que está a más de 109 metros de profundidad, por lo que no pudieron bajar los buzos”. Una vez concluido el operativo de búsqueda, “cerrado el protocolo SAR de Prefectura, se elevaron las actuaciones a Fiscalía Federal de Viedma”. Según detalló, la Fiscalía “hizo una primera hipótesis como abandono de persona, pero luego se realizó una audiencia donde se solicitó la incompetencia y el juez declaró la incompetencia de la Fiscalía Federal”.
“INCOMPETENCIA NEGATIVA”
Posteriormente, “remitieron las actuaciones a Fiscalía Provincial de Viedma. Esta hizo lo propio, se declaró incompetente y se remitieron las actuaciones a San Antonio Oeste, al Juzgado Civil y Comercial de Minería y Laboral de primera instancia”. Sin embargo, “este juzgado también se declaró incompetente, todos por distintos motivos, por entender que la jurisdicción era o no interjurisdiccional”.
Para la Dra. Marianela Holm Bengoa, ese criterio es erróneo, ya que “eso no tiene que ver, porque así lo dice la Constitución en el artículo 116: las causas de almirantazgo son de competencia federal”.
La profesional explicó que se configuró una situación de “incompetencia negativa”, por lo que “las actuaciones se elevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien tendrá que resolver quién es competente”.
Mientras tanto, la familia reclama celeridad. “Por una cuestión lógica la investigación no puede avanzar hasta que no se haya declarado competencia”, advirtió la abogada. En ese sentido, señaló que “la Fiscalía Federal alega que el buque no es un entorpecimiento a la navegación y que las personas involucradas en el hecho no son el Estado provincial, por lo que se desentiende de las actuaciones”.
EL CASO ‘MATÍAS ROCCO’
Asimismo, remarcó que “la Corte Suprema no tiene plazos para determinar esto”. Incluso recordó que “no es el primer antecedente que se tramita en esa provincia, sino que es el segundo que todavía está sin resolver”. Se refirió al caso de Matías Rocco, “un joven pescador artesanal que también dio vuelta campana en cercanías de Punta Colorada y sucedió exactamente lo mismo”. En aquella oportunidad, “Prefectura elevó las actuaciones a Fiscalía Federal de Viedma, se declaró incompetente por entender que no eran aguas de navegación interjurisdiccional; en ese caso pasó a San Antonio. El juzgado de San Antonio se declaró incompetente y estamos a la espera todavía de la resolución”.
PUERTO AGOSTINO S.A., AUSENTE
Respecto de las responsabilidades empresariales, Holm Bengoa precisó que “quien contrató a los tripulantes es una empresa armadora, no es la propietaria del buque”. En ese marco, aclaró que “la propietaria del buque es Manto Sagrado y la empresa armadora es Puerto Agostino S.A., con domicilio en Mar del Plata”.
La abogada también informó que “se trabó una medida cautelar en sede federal contra el seguro del buque, porque es lo que podría reclamar la familia”, aunque explicó que “también se declararon incompetentes, por lo que ambas, civil y penal, están de la mano a la espera de una definición de competencia”.
En paralelo, indicó que “hay que tramitar una presunción de fallecimiento, que se daría el plazo en agosto, que todavía no está dado, pero se solicitó como medida cautelar porque en estos casos la familia del trabajador desaparecido y presuntamente fallecido tiene derecho al crédito por un accidente laboral”. En ese sentido, agregó que “se solicitó la medida cautelar contra el seguro, que es La Caja S.A., pero también se declararon incompetentes, por lo que estamos en trámite”.
DECLARACION DE LOS SOBREVIVIENTES
Finalmente, Holm Bengoa sostuvo que “no se ha podido aún clarificar qué es lo que sucedió”. No obstante, destacó que “en los testimonios de los tripulantes que sobrevivieron lo ubicaron a Roberto Carvajal, en el mismo momento en que el buque dio vuelta campana, dentro del buque”. Y añadió: “No se saben las causas de por qué no salió, por qué no logró acceder al salvavidas”.
“Eso es lo que la familia quiere saber”, concluyó la letrada, al señalar que “los primeros testimonios no fueron hechos en su totalidad, sino sólo con lo que las personas recordaban”. Además, reveló que “el capitán está con tratamiento psicológico también y no ha ido a declarar aún”. Por ello, lamentó que “la causa está estancada al no tener definida la competencia”.
