El debate sobre la instalación de granjas de salmón en las Islas Malvinas quedó atravesado por un pedido de referéndum impulsado por los kelpers que rechazan el proyecto y cuestionan la instancia de consulta abierta por las autoridades del archipiélago, según informó el diario británico The Guardian. La discusión divide a una población de 3.500 habitantes entre la expectativa de inversión y empleo y las advertencias por posibles daños sobre uno de los ecosistemas costeros más sensibles del Atlántico sur.
El artículo del medio británico describió al archipiélago argentino como “uno de los últimos territorios vírgenes del planeta”. El diario británico señaló que sus aguas costeras, ricas en kril y calamares, sostienen poblaciones de lobos marinos, elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies locales de pingüinos, que superan en número a las personas.
El eje económico de la iniciativa está en manos de Unity Marine, una sociedad integrada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. De acuerdo con el reporte de The Guardian, la empresa propone criar 50.000 toneladas de salmón al año en 16 ubicaciones, lo que daría lugar al mayor desarrollo industrial costero en la historia del archipiélago. Una evaluación encargada por el gobierno malvinense estimó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría sumar 35 millones de libras esterlinas (casi USD 48 millones) por año a la economía local, equivalente al 11% del PBI del territorio, además de generar 133 puestos de trabajo.
Frente a esa proyección, la organización Salmon Free Falklands (SFF), creada por residentes para oponerse al emprendimiento, pidió que la definición quede en manos de la población. “Entonces será la gente la que decida qué ocurre en su propio país”, afirmó Sally Poncet en declaraciones recogidas por The Guardian. La activista sostuvo que perdió la confianza en la consulta iniciada el 7 de agosto y prevista hasta el 30 de octubre.
La objeción principal del grupo apunta a la calidad de la información puesta a disposición del público. Poncet afirmó que los informes encargados por las autoridades como parte del procedimiento se apoyan en datos aportados por Unity Marine que, según su planteo, no pueden verificarse de manera independiente. También sostuvo que existe “información insuficiente” sobre el impacto que la industria tendría sobre las islas y remarcó su preocupación por la posibilidad de que los desechos del salmón afecten los bosques de algas, las áreas de desove del calamar y otras especies silvestres.
En otro tramo citado por The Guardian, Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental australiana y actual asesora de SFF, calificó los documentos oficiales como “casi carentes de valor”. La especialista cuestionó que todavía no exista una determinación científica rigurosa de la capacidad de carga ambiental, es decir, de cuántos peces de cultivo podría soportar la zona sin alterar el equilibrio del ecosistema.
Cherrie agregó una crítica más amplia al diseño de la evaluación estatal. “La capacidad de carga todavía no fue determinada mediante un proceso científico riguroso”, dijo al diario británico. A continuación sostuvo: “Los costos de la regulación y de los efectos todavía no fueron calculados, de modo que los habitantes de las Malvinas no cuentan con un análisis de costo-beneficio que les permita tomar una decisión informada”. Entre otras omisiones, señaló la falta de precisiones sobre cómo se eliminarían peces muertos en casos de mortandades masivas, episodios que ya se registraron en otros polos de producción salmonera.
A esas objeciones se sumó Tom Appleby, jefe de asuntos legales de la organización Blue Marine Foundation. El especialista consideró “extraordinario” que el gobierno de las Malvinas presente al público informes que no emplean datos primarios verificados de manera independiente. Su crítica fue aún más lejos al afirmar: “Los informes están tan cargados de aclaraciones sobre las fuentes de información que terminan careciendo de sentido”.
Por ahora, el proceso continúa abierto. La consulta pública constituye el paso previo a una eventual decisión de la Asamblea Legislativa de las islas. Pero la exigencia de un referéndum introduce un elemento inesperado en el debate: quienes durante años fueron presentados por Londres como la expresión definitiva de la voluntad sobre las Malvinas reclaman ahora ser escuchados nuevamente, esta vez para decidir qué modelo de explotación económica quieren para el territorio ocupado por el Reino Unido, cuya soberaría sigue siendo reclamada por Argentina.
