El Gobierno argentino escaló este lunes su disputa con el Reino Unido por los recursos hidrocarburíferos de las islas Malvinas. El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), con el fin de impedir la explotación en la Cuenca Malvinas Norte. Según la Oficina del Presidente, la intimación fija un plazo de dos semanas para que el Reino Unido adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de esas actividades.
Milei advirtió en redes sociales que, si el requerimiento no es atendido, Argentina solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
QUÉ ES LA CONVEMAR
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como Convemar o UNCLOS, fue adoptada en 1982 en Montego Bay (Jamaica) y entró en vigor en 1994. Es el tratado marco que regula los usos de los océanos. Fija el mar territorial (hasta 12 millas náuticas) y la zona económica exclusiva (hasta 200 millas), donde el Estado ribereño tiene derechos soberanos sobre los recursos vivos y no vivos. También regula la plataforma continental, que puede extenderse más allá de las 200 millas según criterios geológicos y previa revisión de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU. Argentina y el Reino Unido son partes de la Convención.
Su Parte XV establece cómo se resuelven las controversias. Los Estados pueden elegir entre el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (con sede en Hamburgo), la Corte Internacional de Justicia o un tribunal arbitral. Cuando las partes no han elegido el mismo foro, rige por defecto el arbitraje del Anexo VII. Ese anexo permite que una de las partes inicie el procedimiento mediante notificación escrita y, salvo acuerdo distinto, el tribunal se integra con cinco miembros. El Tribunal de Hamburgo puede además dictar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral, y por eso Milei lo mencionó como paso siguiente.
EL OBJETIVO: SEA LION
El blanco inmediato es el proyecto Sea Lion. Está a unos 220 kilómetros al norte de las islas, en una zona con 450 metros de profundidad. Navitas Petroleum, de origen israelí, es la operadora y controla el 65%; la británica Rockhopper Exploration conserva el 35%. El proyecto contaba al 31 de julio con reservas probadas y probables de 314 millones de barriles, y prevé un primer petróleo en marzo de 2028. Las dos firmas aprobaron la inversión definitiva en diciembre de 2025.
Según la Cancillería, esas actividades se realizan sin autorización de las autoridades nacionales. Buenos Aires sostiene que la explotación en las aguas circundantes a Malvinas requiere permiso argentino. Las autoridades de las islas prorrogaron recientemente las licencias petroleras para dar seguridad jurídica a los operadores. Argentina considera esas licencias inválidas.
LA DENUNCIA POR LOS VUELOS DESDE CHILE
En paralelo, el Ejecutivo denunció operaciones aéreas irregulares. Según el comunicado, se detectaron operaciones de Thales UK Limited en la ruta Islas Malvinas–Punta Arenas con una aeronave de matrícula del Reino Unido y sin autorización argentina. Por ese motivo, el Presidente ordenó iniciar con urgencia procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.
Los vuelos tocan un punto sensible de la relación con Chile. La denuncia se produce después de que una delegación de empresarios de las islas participara en una ronda de negocios con proveedores chilenos, para crear una ruta comercial entre el archipiélago y el sur de Chile. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, impulsa la conexión logística, y el excomandante en jefe de la Armada chilena, Julio Leiva, advirtió que la iniciativa “va a generar problemas” con Argentina. El texto oficial argentino, según los medios consultados, apunta a la empresa británica y no a las autoridades chilenas.
RESPUESTA BRITÁNICA Y CONTEXTO JUDICIAL
Londres rechazó la iniciativa. El Reino Unido calificó los esfuerzos por frenar el desarrollo petrolero como un intento inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial, sin justificación en el derecho internacional, y reafirmó el derecho de los isleños a la libre determinación.
La decisión sigue a otras medidas. En el último mes, la Cancillería envió cerca de 200 notas de advertencia a petroleras, según BioBioChile. Una jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó como cautelar que las petroleras se abstengan de iniciar o continuar las obras del proyecto, y la Cancillería gestiona ante Estados Unidos una posible mediación.
