La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) presentó ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut un escrito en el que solicitó una intervención preventiva frente al conflicto que involucra al STIA y la empresa Conarpesa, con el objetivo de resguardar la paz social y evitar que la disputa se traslade a firmas ajenas al conflicto original.
El escrito deja en claro que la cámara empresaria no busca, por el momento, que se dicte una conciliación obligatoria, ya que —según argumenta— no existe hoy un conflicto colectivo entre las empresas asociadas a CAPIP y sus trabajadores que justifique esa medida.
Sin embargo, la presentación advierte sobre un “riesgo cierto” de que las tensiones generadas por la disputa entre el gremio y la empresa involucrada deriven en medidas de acción directa o de solidaridad que terminen alcanzando a la totalidad del sector pesquero provincial, aun cuando la mayoría de las firmas no tiene vinculación alguna con el origen del conflicto.
IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
Para la cámara, una extensión del conflicto tendría consecuencias graves para empresas que no participan de la disputa original. En ese sentido, remarcó que estarían en juego la continuidad de la producción, la operatoria portuaria e industrial, el cumplimiento de contratos, la conservación de productos perecederos y las fuentes de trabajo de un sector calificado como estratégico para la economía de Chubut.
La entidad empresaria subrayó que, aunque hasta el momento no hay un anuncio formal de medidas de fuerza contra sus asociadas, las declaraciones públicas de dirigentes sindicales y la creciente tensión en torno al conflicto ameritan que la autoridad laboral se mantenga especialmente atenta a su evolución.
EVITAR UN EFECTO DOMINÓ
La presentación de CAPIP refleja la preocupación del empresariado pesquero por el impacto que podría tener un conflicto sectorial acotado si escala hacia un enfrentamiento de alcance general. Al solicitar que la autoridad laboral actúe de manera preventiva, y no recién cuando el conflicto ya esté extendido, la cámara sugiere anticiparse a un escenario que, según su propio planteo, podría afectar tanto a las empresas como a los trabajadores de una actividad clave para la economía regional.
