El Gobierno de Chubut reunió en Rawson a representantes de dos cámaras pesqueras empresarias y de los sindicatos de la Alimentación y Maquinistas para analizar las 16 presentaciones de proyectos presentados, para acceder a tres permisos de pesca creados con la nueva ley que regula la actividad, y ya habría quedado fuera de carrera varios postulantes.
La norma no estipula ninguna comisión de adjudicación de las licencias provinciales de pesca, pero según ventila el secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, por decisión del gobernador Mariano Arcioni se hizo una convocatoria digitada, es decir, no se llamó a todo el arco del sector pesquero, sino que inventó un ‘espacio’ que no representa a toda la industria, para -lo que se presume- intentar mostrar una búsqueda de consenso antes de firmar las resoluciones de otorgamiento de los nuevos permisos.
La reunión dada a conocer por el propio Gobierno, lejos de generar confianza en que la definición de entrega de los permisos es un proceso transparente, alimenta dentro del sector numerosos interrogantes como el planteado por Parte de Pesca semanas atrás: Qué se cocina en la ‘comisión’ que simula la asignación de licencias de pesca.
Aguilar dijo ayer que son 16 los pedidos de empresas para acceder a permisos provinciales, y en la reunión de la víspera se habría hecho un primer ‘filtro’ dejando afuera de a las empresas con planta de procesamiento que ya tienen o han tenido algún permiso de flota amarilla. Aunque la Ley IX N° 157 en el artículo que aumentó la cantidad de licencias de flota amarilla de 37 a 40 estipula que “excedente de permisos (tres) será otorgado por la autoridad de aplicación en el marco de la presente ley y conforme prevea la reglamentación”; cuestión esta que no ha sido cumplida, no existe aún una reglamentación de la norma.
En este marco, y cuando es inminente el reparto de los nuevos permisos de pesca en Chubut, trascendió que los gremios de la Alimentación y de Maquinistas mostraron un llamativo énfasis y apuro en que se firmen los nuevos otorgamientos, y hasta habrían sugerido qué grupo de empresas queden excluidas de las asignaciones.
Esta cuestión abona las sospechas que circulan fuerte dentro del ambiente pesquero chubutense, respecto a que los permisos tienen nombre y apellido desde antes que la propia ley fuera aprobada en la madrugada del 23 de diciembre pasado.
El montaje de una presunta ‘comisión de adjudicación’ con sugerencias para tamizar la selección de plantas de procesamiento sería entonces un ropaje para que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Pesca, otorgue las concesiones estatales para la explotación de recursos pesqueros en forma discrecional, sin reglamentar la ley, e incluyo haciendo una libre interpretación de lo que el legislador marcó entre los requisitos de otorgamiento. El sector pesquero de Chubut no es muy grande, se conocen todos, y no se percibe un clima de transparencia en este proceso, al punto que habría empresas que analizan con riguroso celo jurídico como evoluciona este esquema de reparto de permiso, y no descartan interponer acciones apenas se dicten las resoluciones, hasta incluso podrían aterrizar presentaciones ante la Unidad Fiscal Anticorrupción Especializada en Delitos Contra la Administración Pública.
