El proceso de expropiación de Alpesca se encamina a cumplir una década sin que el expediente judicial experimente avances significativos en los últimos años y, desde 2014, esa sociedad anónima continúa acumulando deudas con el Estado provincial, sin que la Fiscalía de Estado haya impulsado un reclamo por diferentes vías.
Alpesca tiene domicilio legal y fiscal en Chubut, primero en Puerto Madryn donde estaba su sede social, y desde marzo de 2022 pasó a tener domicilio en la ciudad de Trelew, según consta en edictos publicados en el Boletín Oficial de la provincia.
Como se recordará, en las oficinas de la Escribanía Gómez, sita en Julio A. Roca 532 de Trelew, se desarrolló el 28 de marzo del año pasado, una asamblea general ordinaria de los “accionistas” de la empresa Alpesca S.A.
Aquella convocatoria fue realizada por el director de la firma Renato Aleua, a través de edictos, y la asamblea tuvo como objeto la designación de las nuevas autoridades del directorio, análisis de gestión del directorio, y autorización a quienes estarán facultados para realizar los trámites ante la autoridad de contralor.
En este extenso y sinuoso proceso, hasta el momento ninguno de los acreedores importantes de la empresa pesquera ha solicitado su quiebra, ni tampoco tiene sentencia el juicio por expropiación que se tramita en un Juzgado Comercial de Puerto Madryn desde 2014.
La Fiscalía de Estado de Chubut no ha reclamado hasta el momento lo que Alpesca le debe al Estado por diferentes conceptos. No deja de ser llamativa la inacción de las autoridades gubernamentales en la prosecución de las reclamaciones administrativas y judiciales, como tampoco se observa demasiada contracción a acelerar el trámite del juicio expropiatorio de los bienes, proceso que cada vez más se acerca a la década desde que se inició. Por su parte, la IGJ ha terminado convalidando este tipo de movimientos societarios de una empresa que el Estado, a través de una ley, determinó su expropiación. Además, desde el gremio de la alimentación ha habido solo esporádicos reclamos a la justicia madrynense para que se acelere el trámite, pero no mucha presión hacia las autoridades provinciales que son quienes debieron impulsar y dale continuidad al expediente judicial, por lo que habrá que ver cuál es la impronta que le dará la próxima gestión de gobierno.
