El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dispuso una actualización del régimen de facilidades de pago para multas por infracciones a la Ley Federal de Pesca (N° 24.922), con el objetivo de simplificar los procedimientos administrativos y adecuarlos a las condiciones actuales del sector.
La medida, oficializada mediante la Resolución 212/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, introduce una serie de cambios en la normativa vigente desde 2021 (Resolución 194/21). Entre las principales modificaciones se destaca la digitalización total del trámite a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), la fijación de plazos más cortos para el allanamiento y la resolución de solicitudes, y la actualización de las escalas de cuotas y pagos.
Según la resolución firmada por el secretario Sergio Iraeta, las personas físicas o jurídicas que deseen adherirse al régimen podrán presentar su solicitud desde la notificación de inicio del procedimiento administrativo y hasta cinco días hábiles después de su conclusión. A su vez, la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles para aprobar o rechazar los pedidos.
ALIVIO A EMPRESAS PESQUERAS
El texto oficial sostiene que la medida responde a la necesidad de “agilizar los procesos y universalizar el acceso al régimen de facilidades de pago”, en un contexto económico que exige una gestión pública “más eficiente, transparente y de calidad”. Asimismo, incorpora la posibilidad de revisar periódicamente las escalas mínimas de cuotas en función del contexto operativo y financiero del sector.
Fuentes de la Secretaría indicaron que la decisión busca brindar previsibilidad y alivio administrativo a las empresas pesqueras y armadores que enfrentan dificultades derivadas de la coyuntura económica. Además, remarcaron que la digitalización del procedimiento permitirá reducir tiempos y aumentar la transparencia en la tramitación de multas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Digitalización del trámite: formaliza la obligatoriedad de usar la Plataforma TAD para todo el proceso, desde la notificación hasta la resolución.
- Plazos claros y perentorios: establece nuevos plazos (5 días hábiles para allanamiento, 20 días hábiles para resolver solicitudes, 5 días para cancelar en caso de rechazo).
- Descentralización controlada: otorga competencia directa a la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera para autorizar o denegar los planes de pago, sin necesidad de una intervención jerárquica superior.
- Actualización del Anexo I: introduce nuevas escalas mínimas y criterios de cuotas, con posibilidad de revisión periódica según el contexto del sector.
- Adecuación normativa: armoniza la Resolución 194/2021 con la realidad económica del sector pesquero y con los principios de la Ley 27.742 (simplificación, razonabilidad y transparencia).
