El dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Juan Bautista Ortiz, analizó la difícil situación que atraviesa el sector pesquero en la provincia de Río Negro, con especial referencia al cierre de la empresa Río Salado y a la incertidumbre que genera la falta de actividad industrial en San Antonio Oeste y Sierra Grande.

Durante una entrevista, Ortiz explicó que la empresa Río Salado, dedicada a la producción y procesamiento pesquero, dejó de operar en la provincia tras perder permisos y cupos otorgados por el Estado rionegrino, dejando además una importante deuda con los trabajadores. “Esta empresa se fue, no le pagó a los trabajadores lo que corresponde —la indemnización, quincenas, vacaciones—, todo lo que venían reclamando junto al sindicato. Se hicieron reuniones en la Secretaría de Trabajo sin ningún tipo de solución, y lo único que nos quedó fue iniciar la demanda judicial”, señaló Ortiz.

El gremialista indicó que el reclamo judicial avanza con el patrocinio del abogado Gastón Suracce, y que hasta el momento no existen indicios concretos de una posible reactivación de la planta. “Se ha visto movimiento en el predio, pero no tengo ninguna información oficial. Lo único que me habían dicho era que no había interesados en reactivar la planta. Incluso trascendió que se están llevando cajones y equipamiento; son rumores, pero oficialmente no tenemos nada confirmado”, agregó.

Ortiz también remarcó que, en caso de que se intentara reabrir la fábrica, primero deberían saldarse las deudas con los más de siete trabajadores que aún no cobraron lo que les corresponde. “Cualquiera que quiera reactivar la empresa tiene que saber que hay una deuda importante. No se puede empezar como si nada hubiera pasado”, expresó.

El referente sindical describió un panorama sombrío para la industria pesquera local. Según explicó, no queda prácticamente ninguna empresa operando en la zona. “Río Salado era la que traía pescado de Nación, porque el Golfo está vedado por la emergencia pesquera. Hoy sólo se procesa un residuo mínimo para la planta de harina, lo que genera graves problemas económicos y financieros. La producción se desplomó y los salarios quedaron estancados”, detalló.

Actualmente, las únicas que continúan en actividad son algunas cooperativas, aunque sin convenio colectivo de trabajo, lo que limita la intervención sindical. “Las cooperativas trabajan con socios, no con empleados bajo convenio, por eso el sindicato no puede hacer mucho. Solo Pesquera San Salvador tiene unos 20 trabajadores bajo el convenio de la alimentación, y en Sierra Grande sigue operando RB Raz”, precisó Ortiz.

Sin embargo, la situación también se agrava por la veda pesquera en el Golfo San Matías, vigente desde hace dos años debido a la sobreexplotación de los recursos.

“Hace dos años que estamos en emergencia; no quedó pescado. Lo único que había era la cuota social de merluza que se duplicó desde Nación, pero ni siquiera se captura. Lo más triste es que la cuota provincial de Río Negro se está transfiriendo a Santa Cruz, mientras acá no tenemos trabajo”, lamentó.

En otro tramo de la entrevista, Ortiz —también dirigente del STIA a nivel provincial— se refirió a los rumores de una posible reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, a la que calificó como “una amenaza directa a los derechos históricos de los trabajadores argentinos”. “Lo que busca este gobierno libertario es destruir la salud, el trabajo, la producción y la industria. Ahora van por la modificación de las leyes laborales, los convenios colectivos, la jornada de trabajo, las indemnizaciones y hasta el derecho de huelga”, expresó con preocupación.

El sindicalista aseguró que, pese a los intentos oficiales, “no será fácil avanzar contra los derechos conquistados”, ya que el movimiento obrero cuenta con herramientas y respaldo organizativo. “Mientras existan sindicatos fuertes, no les será tan fácil. Los gremios tenemos las herramientas para no dejar que se lleve adelante un retroceso semejante”, afirmó.

Ortiz anticipó que tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, el Gobierno podría intentar acelerar los cambios en el Congreso, por lo que los gremios deberán permanecer alerta. “Se vienen tiempos difíciles. Van también por las jubilaciones, y hay provincias que dependen de esos sistemas. Será un tema duro, pero estamos preparados para luchar y defender nuestros derechos, que desde 1946 mantenemos con esfuerzo y movilización”, aseguró.

El dirigente del STIA consideró que el objetivo del oficialismo es debilitar a las organizaciones sindicales para poder avanzar luego sobre los convenios colectivos y los derechos laborales. “Desde el gobierno de Macri hasta ahora vienen intentando modificar las leyes laborales y sindicales. Quieren destruir a los sindicatos primero para después ir por los convenios y hasta por la justicia laboral. Pero hay jueces que todavía defienden los derechos de los trabajadores y jubilados”, concluyó.

Fuente: Informativo Hoy

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