La empresa Red Chamber dio a conocer un informe con un descargo a partir de la decisión del Gobierno de Chubut de dar por extinguido el contrato de arrendamiento de los bienes de la ex Alpesca. Cuestiona arbitrariedad del gobernador Ignacio Torres rescindió unilateralmente el contrato y anticipa que recurrirá a la vía judicial por los perjuicios ocasionados.
“Red Chamber Co. se fundó en California hace más de 50 años es líder mundial en la industria pesquera y el mayor proveedor global de langostino. El grupo está conformado por 15 compañías que en conjunto facturan más de USD 3.000 millones anuales y emplean a más de 5.000 personas”, dice el descargo
Y agrega “Más de una década produciendo en Argentina. En 2014, por su prestigio internacional, el Gobierno de la Provincia del Chubut convocó a Red Chamber Co. para reactivar Alpesca, una planta pesquera expropiada que había dejado a todos sus trabajadores sin empleo y cuya flota se encontraba semihundida y abandonada”, recuerda la empresa en cuanto a que fueron convocados para hacerse cargo de la pesquera.
“En 2015, la compañía aceptó el desafío de invertir en Argentina y firmó un contrato de derecho administrativo con el Estado de Chubut.
Este acuerdo obligaba a Red Chamber a preservar la capacidad productiva de Alpesca S.A., mantener sus activos e invertir en su recuperación. A su vez, otorgaba a la empresa el derecho de compra una vez concluido el procese judicial de expropiación”, precisa sobre los compromisos asumidos por la Provincia.
Asimismo, sostiene que la decisión del Gobierno de Chubut ha provocado que Red Chamber “se convierta en el primer inversor estadounidense expulsado arbitrariamente de Argentina”, reprocha al anunciar que judicializarán el proceso de salida.
Insisten en que “este hecho de inseguridad jurídica” desalienta inversiones a Chubut y Argentina, al tiempo de indicar que “los daños ocasionados son irreparables y proyectan consecuencias de largo plazo” para la compañía.
“La rescisión unilateral del contrato, sumada al episodio de espionaje sufrido por la empresa y a la ausencia de información formal, no solo constituyen un atropello institucional, sino que también dejan abierta la vía a un inevitable proceso judicial en el ámbito internacional”, advierten.
EL INFORME DE RED CHAMBER
