Ocurrió el miércoles por la noche a la salida de Puerto Rawson en el puente El Elsa. Un camión con más de setecientos cajones de langostino iba hacia una planta pesquera de Puerto Madryn y fue interceptado por la policía y personal de la Secretaría de Pesca de Chubut, sin guía de tránsito, se le secuestró la mercadería y quedó en custodia en otra pesquera de la ciudad del golfo.
Concretamente, el cargamento pertenece a Cabo Vírgenes S.A. y tenía como destino la planta de Food Partners Patagonia S.A., y quedó a resguardo en las instalaciones de Fuertes Vientos S.A.
En las últimas horas trascendieron pormenores del contexto en que se dio la situación que esconce pujas subterráneas y los últimos coletazos de una gestión de la administración pesquera provincial.
Comenzada la prospección continuaron las fricciones en la estiba con las empresas de Rawson que no habían firmado el aumento salarial pretendido por el gremio, y empezaron a operar la descarga las firmas que había suscripto el acuerdo, entre ellas, Marlourd SAS de Marcial Isidro, quien es un operador histórico de la estiba de fresco en los muelles de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.
Esta empresa había solicitado oportunamente la autorización para operar en los ‘muelles públicos’ del puerto de Rawson, pero desde la Unidad Ejecutoria Portuaria (UEP), dependiente de la Secretaría de Pesca, le habría pisado el expediente.
Cuando empiezan a llegar los barcos de la prospección, esta empresa de estibaje operó en uno de los ‘muelles privados’ de la margen sur de río Chubut y allí empieza un entramado de lobby empresarial de las empresas de estibaje en conflicto (las que durante años monopolizaron la actividad en Rawson) a través de la cartera de pesca que dirige Gabriel Aguilar, que como se sabe en el sector, mantiene un muy estrecho vínculo con ese grupo empresario de la estiba y la flota amarilla.
El muelle privado donde operó la empresa de estiba de Isidro es Cabo Vírgenes. A esa pesquera le habría llegado la recomendación (interpretada como apriete) desde la Secretaría de Pesca que le suspenderían el permiso de pesca al barco Malo I por haber usado los servicios de estibaje de una firma que no pertenece ‘al grupo’. La amenaza era de imposible cumplimiento porque la Ley de Pesca vigente no estipula ninguna de esas variables como causal para la suspensión de una licencia pesquera y ese organismo público no tiene jurisdicción de a quién contratar en un muelle privado.
Ante al posible inicio de acciones judiciales y que se interpusiera un amparo, el barco salió a completar la prospección al norte. Al regreso a puerto, llamativamente los inspectores dependientes de la Secretaría de Pesca no les emitieron las guías al momento de la descarga. Cargados los camiones, a la salida del puerto los esperaba un patrullero con personal de la misma cartera quienes procedieron al decomiso del cargamento.
Trascendió que, a partir de estas circunstancias, los equipos legales de la empresa trabajan en una denuncia penal, por arbitrariedad, entre otros cargos, contra los inspectores actuantes, el jefe de inspectores y el propio Secretario de Pesca.
En suma, quienes leen lo que ha ocurrido, interpretan que se trataría de una maniobra orquestada a modo de “mensaje” hacia quienes se atreven a trabajar con empresas de estibaje que no forman parte del ‘club’, y apelan a la ‘mano de obra’ de quienes ya están en salida de la administración pesquera. Un esquema de administrar que ha sido sello de la gestión se concluye, y desde el sector aspiran a que no tenga continuidad, sino que la nueva conducción pesquera privilegie la transparencia.
