“El aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta”, refiere la alegoría de la Teoría del Caos. Lo acontecido en el transcurso de este año y más puntualmente en los últimos dos meses en la administración pesquera de Chubut, ha sido un cúmulo de yerros administrativos, de gestión y políticos.
En febrero de este año, la Secretaría de Pesca y el Comité de Administración de Alpesca decidieron rescindir el contrato de arrendamiento entre la Provincia y Red Chamber; así aconsejaron al Gobernador para que se avance en ese sentido, en medio de diatribas y un cúmulo de descalificaciones públicas, sin mucha mesura discursiva.
La firma norteamericana interpone un recurso jerárquico de apelación que llevó varios meses hasta que la Asesoría General emitió dictamen desestimandolo y dejando firme el acto de rescisión contractual que había sido firmado en febrero a través de la Resolución N° 67/2025 SP.
El 29 de agosto se dicta el Decreto N° 1051/2025 por medio del cual se da por extinguido el contrato de arrendamiento de bienes y charteo subscripto entre la Provincia del Chubut y Red Chamber en 2015.
Allí se intima a la empresa saliente a entregar todos los bienes en un plazo no mayor al 30 de septiembre y era eyectada unilateralmente. La compañía inició una serie de demandas en diferentes fueros e instancias, incluido un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut; al tiempo que en Estados Unidos demandó a la firma española Profand acusándola de espionaje corporativo y de prácticas comerciales desleales.
Sin licitación o compulsa de ofertas, el mismo día que sacaban a Red Chamber de Alpesca, el secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, y el cabo de policía Matías Miranda en carácter de director del Comité de Administración de Alpesca firmaban un nuevo contrato de arrendamiento con Profand, a través de su filial Pesquera Deseado.
Ese contrato requería de ratificación parlamentaria, aunque el Gobierno de Chubut nunca tramitó su elevación a la Legislatura; tampoco se había hecho público su contenido hasta que el STIA que dirige Luis Núñez lo ventiló en sus canales, horas antes que Profand sea notificada que se dejaba sin efecto ese acuerdo.
A 20 AÑOS Y DURÓ 45 DÍAS
El contrato en cuestión arrojaba algunas particularidades. El punto quinto establecía el concepto de “Apoderamiento: Las partes convienen que, suscripto el Contrato de Arrendamiento con Opción a Compra, el mismo implicará que el Comité de Administración y/o la provincia han realizado (y/o se comprometen a realizar) la cesión de todas las facultades y derechos que refiere el presente, y ello habrá de materializarse con el otorgamiento del poder amplio y de gestión suficiente, conjuntamente con los derechos de representación cedidos a los que hace referencia el presente instrumento”, indicaba.
“El ejercicio por parte de la empresa de los derechos vinculados será sin anuencia o intervención expresa o posterior del Poder Ejecutivo o Legislativo”, decía otro tramo al tiempo de sostener que “la empresa tendrá las más amplias facultades y poderes para realizar los trámites y gestiones que fueran conducentes para el desarrollo de la actividad, sin necesidad de autorización o conformidad previa de parte de la Provincia”.
Es decir, el Estado confería las más amplias facultades a la arrendataria y cuyo contrato de planteaba una duración a 20 años, mientras que en relación a la “incorporación de personal se preverá la forma en que el Comité de Administración y/o la Provincia reconocerá y compensará (y eventualmente indemnizará a la empresa de corresponder), la antigüedad devengada por el personal que se cede”, agregaba
ARBELETCHE, EL ‘INCUMPLIDOR SERIAL’
El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, ha sido el que ha intentado hilvanar el “relato oficial” de las idas y vueltas, marchas y contramarchas, primero justificando los motivos de la salida de Red Chamber. Más tarde diciendo que le condonarían la deuda que le reclamaban a cambio de invertir en una planta en Trelew.
También fundamentó un desopilante proyecto de ley para crear dos nuevos permisos de pesca de flota amarilla, eso fue un viernes. El lunes ya tenía argumentos para explicar que el Gobierno retiraba la iniciativa de la Legislatura.
Negó hasta el cansancio que la administración de Ignacio Torres tuviera pensado retrotraer todo el proceso que a esas alturas él mismo había dado el puntapié inicial. Llegó a decir que Red Chamber no era norteamericana, que la dirigía un tal Mou que no se llamaba Marcelo y que tampoco era chino sino brasileño.
A pesar de su formación profesional y ser integrante del Consejo Federal Pesquero dijo que los permisos nacionales de pesca de Alpesca se caían con su resolución de disolver un contrato provincial de arrendamiento.
En su intento por justificar por qué se había resuelto la salida de Profand y restituir la explotación de bienes a Red Chamber, dijo que el impedimento central provino del Registro Nacional de Buques (RNB). El organismo nacional mantuvo su postura de que los contratos originales de locación firmados entre la Provincia y Red Chamber Argentina seguían jurídicamente vigentes hasta el año 2027.
“Fue una rescisión por imposibilidad de cumplimiento de nuestra parte”, sentenció Arbeletche, reconociendo la incapacidad del Estado para transferir los medios productivos.
EL AFFAIRE DEL QUILMEÑO
La firma y la palabra de Arbeletche quedó tan devaluada que ninguno de los argumentos esbozados públicamente genera credibilidad, sino más bien todo lo contrario. En el ideario colectivo en Chubut caló fuerte la idea de que todo el proceso de dar marcha atrás con lo actuado tiene estrecha y directa relación con el episodio que Red Chamber citó, en una demanda civil contra Profand en Estados Unidos, respecto al presunto pedido de sobornos por parte de un funcionario del gobierno provincial.
COSTO POLÍTICO
Todo este desaguisado de ribetes bochornosos de intentar expulsar por la ventaba a una compañía norteamericana, traer a otra española sin licitación y más tarde decirles que se vayan, y a los que habían catalogado de incumplidores seriales allanarles el camino para el retorno, sin lugar a dudas tendrá costos políticos para el gobierno.
Como en toda administración política hay fusibles que deberán correr la suerte de asumir los costos para que no impacte en la figura de la cabeza del Ejecutivo, pero sin lugar a dudas toda esta situación salpicó la imagen gubernamental.
La bola de nieve podría llegar a ser aún mayor si para enmendar y resarcir el último contrato incumplido se apela a solucionarlo revoleando permisos de pesca o cuota de miles de toneladas merluza. Lo que empezó mal puede terminar peor, al tiempo que el daño a la seguridad jurídica y la imagen de la provincia trasciende lo pesquero, y todo este proceso será un muy mal antecedente para inversiones que planean venir a Chubut a buscar reglas claras.
LA LISTA DE “FAMILIARES” DEL STIA
El próximo domingo se cumplirán dos meses que Red Chamber era eyectada de Alpesca y reemplazada por Profand. La retrocesión de las decisiones administrativas y políticas para que las cosas vuelvan a su estado anterior ha dejado heridos. Apenas pocos días antes que Profand dejara la planta de procesamiento incorporó a 32 operarios Categoría 1, enrolados en el STIA.
El sindicato que dirige Luis Núñez amaga con iniciar medidas de fuerza si no se incorpora al personal que apareció en el último listado y tuvieron menos de una semana de relación de dependencia con Profand. Trascendió que esa nómina incluye a familiares y allegados de varios miembros de la conducción del gremio de la alimentación.
En tanto, la ahora anterior arrendataria también había pactado que el servicio de estiba dentro de la planta lo haga una empresa que estaría vinculada a José ‘Pepe’ Díaz, un kiosco que el sindicato ya también tiene aceitado en otras pesqueras.
Con todo, Alpesca parece tener el estigma de que todos a su paso terminan salpicados y en el lodo. Además, nadie arriesga a firmar que la película ha terminado. “Si el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta”, según la Teoría del Caos, aquí hay un enjambre revoloteando que puede generar resultados impredecibles.
