Mientras sigue el fuego cruzado entre el Gobierno de Chubut y la empresa arrendataria de los bienes de la ex Alpesca, con acusaciones de “extorsión” del secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, contra Red Chamber, y la respuesta de esta anunciando que demandará penalmente al funcionario y una carta de la casa central de Red Chamber Co. (USA) hacia el gobernador Ignacio Torres, ratificando su respaldo a su filial argentina, crecen los rumores en torno a los planes que tiene el Ejecutivo Provincial sobre la emblemática pesquera de Puerto Madryn.
Es un secreto a voces que desde hace semanas se baraja, en el ámbito pesquero, el nombre del grupo español Profand como posible interesado en la explotación de los bienes declarados de utilidad pública sujeto a expropiación de la ex Alpesca.
Lo cierto es que oficialmente, ni desde la compañía en cuestión, ni desde el estado chubutense han confirmado la especie que ha circulado con insistencia.
Hasta que, en las últimas horas, el secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Luis Emilio Núñez, no solo hizo público, sino que transmitió concretamente a los trabajadores de Red Chamber, en una asamblea realizada en la sede del STIA en Puerto Madryn, que la posible continuadora de Alpesca sería Profand.
Núñez ventiló que “el viernes pasado el secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, nos convocó a una reunión para informarnos esto. Le presentamos un escrito al representante de Pesca. El Gobierno dice que no le va a renovar el contrato a Red Chamber, la empresa saca un comunicado diciendo que estamos en tratativas para firmar una adenda. El Gobierno me dice: ‘no, no es así. Estamos negociando un nuevo contrato, pero con otra empresa’. ¿Cuál es la empresa con la que están negociando? Profand”, les hizo saber el titular del STIA a los trabajadores. Así, de esta manera, es la primera vez que se hace público el nombre de quien el gobierno impulsa para quedarse con los bienes de la ex Alpesca.
También ha trascendido, extraoficialmente, que uno de los arquitectos sería el actual fiscal de Estado, Andrés Meiszner, (ex funcionario de Mariano Arcioni) a quién Ignacio Torres habría encomendado la redacción de un proyecto de ley para plantear una suerte de “licitación” de los bienes, aunque Núñez desnudó que el Gobierno ya negocia un nuevo contrato con el grupo español.
