Hoy se cumplen 120 días desde que se habilitó la pesquería de la especie Pleoticus muelleri fuerza del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM) el pasado 17 de marzo de 2025. Al comparar la estadística de desembarques desde esa fecha a esta parte y al compararla con idéntico periodo de 2024, ya son 45 mil toneladas menos este año.

“Estamos al límite; la intransigencia del SOMU le está costando más de 200 millones de dólares a todo el país”, alertaron las cámaras pesqueras al dimensionar la magnitud y las consecuencias económicas provocadas por el conflicto.

Desde el inicio de abril hasta la primera semana de julio de 2024 se habían computado descargas de langostino en aguas nacionales por 56.423 toneladas, mientras que desde el inicio de abril hasta la primera semana de julio de 2025, la información oficial indica que se han desembarcado 11.279 toneladas de langostino; es decir, durante este lapso de conflicto se pescaron 45.144 toneladas menos comparativamente con el año anterior.

Las tripulaciones llevan perdidos 120 días de trabajo, o tres meses si se tiene en cuenta que al norte del 41° solo salía habitualmente un grupo de barcos. Hoy están cobrando un sueldo básico de 500.000 pesos por mes, mientras que están perdiendo alrededor de 400.000 pesos brutos, por día, si estuvieran pescando.

Luego de una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación, las principales cámaras pesqueras del país y empresas independientes con flota congeladora tangonera manifestaron su profunda preocupación por la negativa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) a entablar un diálogo constructivo en el marco del conflicto que ya lleva más 120 días, poniendo en grave riesgo la campaña de pesca de langostino en aguas nacionales.

“La industria pesquera está al límite del colapso; si el SOMU no se sienta a negociar y buscar alternativas, se perderá por completo la campaña de pesca, lo que tendría consecuencias devastadoras para las familias del sector pesquero y un profundo perjuicio para todo el país”, advirtieron en una declaración conjunta la Cámara Argentina de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la República Argentina (CAPECA), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y empresas independientes.

Desde el sector empresario explican que “en lo que va de la temporada se dejaron de pescar más de 40 mil toneladas de langostinos, lo que representa más de 200 millones de dólares de divisas para el país”, “es importante que toda la sociedad sepa que esta parálisis, además de tener consecuencias devastadoras para la familia pesquera, impacta directamente en las economías regionales; en industrias, comercios y toda la actividad en las ciudades del litoral marítimo causando pérdidas económicas millonarias para todos los argentinos”, agregaron.

Frente al estancamiento del conflicto, las cámaras solicitaron a la autoridad laboral que se conceda libertad de acción a las empresas representadas para perfeccionar acuerdos directos individuales con tripulantes que deseen continuar trabajando bajo nuevas condiciones, resguardando así los ingresos familiares, la actividad productiva y el empleo en las economías regionales. Lo que será analizado por las autoridades laborales competentes para su homologación dándole marco de legalidad.

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