La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), brinda a los importadores la posibilidad de trasladar la mercadería que ingresen al país a un depósito fiscal y realizar allí las inspecciones físicas y documentales.
Esto permitirá a los importadores contar con más flexibilidad y reducir tiempos en el proceso. La medida se reguló a través de la Resolución General 5644/2025, y entró en vigencia esta semana.
El traslado de la mercadería se debe realizar con personal de seguridad, guía satelital y un Precinto Electrónico de Monitoreo (PEMA), que garantice la seguridad e integridad de la carga durante el tránsito hasta su destino.
Hasta ahora, los importadores estaban obligados a que los contenedores de cargas ya oficializadas en los sistemas de Aduana estuvieran depositados en una terminal portuaria a la espera de su verificación por parte del personal de la DGA, lo que incrementaba innecesariamente y por cifras millonarias, los costos operativos, especialmente en los casos en los que la mercadería debía atravesar un control físico por encontrarse en el Canal Rojo de selectividad.
Con este nuevo sistema, ARCA refuerza su compromiso con la modernización de los procedimientos aduaneros y con la optimización de los recursos para mejorar la competitividad del comercio internacional de Argentina.
Por otro lado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó la suspensión de los certificados de exclusión del impuesto a las ganancias y al valor agregado para las operaciones de importación. La medida, instrumentada por medio de la Resolución General 5655/2025, generará un efecto financiero positivo para la economía, ya significará una reducción en la carga tributaria para quienes importen insumos y productos.
De esta manera, aquellas empresas que con sus percepciones de IVA y ganancias generen saldo a favor de manera permanente y un exceso de cumplimiento de esas obligaciones tributarias, podrán volver a solicitar el certificado de exclusión.
La norma deroga una serie de resoluciones que habían suspendido esta posibilidad para que las operaciones de importación que cumplieran con los requisitos. Desde ese entonces, las empresas tenían que hacer frente a una percepción que podía alcanzar hasta el 20% en IVA y 6% en Ganancias, lo que implicaba un incremento significativo en la carga impositiva de sus operaciones.
La decisión, difundida en el Boletín Oficial, es resultado del trabajo conjunto con la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, en el marco del objetivo del gobierno nacional por simplificar los procedimientos administrativos de los contribuyentes.
