El planteo lo formuló ayer el intendente de esa localidad santacruceña Raúl Martínez ante el Consejo Federal Pesquero (CFP), pero le aclararon la inviabilidad de establecer una obligatoriedad de esas características.
El encuentro fue encabezado por el Subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio López Cazorla; el representante por el Poder Ejecutivo, Dr. Arturo Idoyaga Molina; la representante de Cancillería, Paola Gucioni y los representantes provinciales Sergio Klimenko (Santa Cruz); Sergio Paleo (Río Negro); Carlos Liberman (Buenos Aires) y Carlos Cantú (Tierra del Fuego).
El intendente de Puerto Deseado transmitió “la situación que estamos atravesando, marcada por la caída en las descargas, y proponer alternativas concretas para revertir este escenario, defendiendo el empleo, a nuestras empresas y el desarrollo local”.
PROPUESTA INVIABLE 1
Martínez llegó con tres planteos. El primero, que se fije una exigencia para que todos los barcos langostineros que ingresen a pescar en las Subáreas 13, 14 y 15 deban obligatoriamente desembarcar sus capturas en los muelles de Puerto Deseado.
“Si pescan en nuestra zona, tienen que descargar en nuestro puerto. Eso implica que también tengan que organizar su logística en función de esa realidad”, dijo el intendente sin advertir que tamaña pretensión carece de sustento legal, lo cual hubiera advertido al haberle dado una lectura rápida a la Constitución sobre la cual juró.
PROPUESTA INVIABLE 2
La segunda propuesta fundamentada en que Santa Cruz debe recibir una compensación efectiva por el cierre del golfo San Jorge para la pesca de langostino apunta a generar “un esquema diferenciado para las empresas radicadas en Puerto Deseado, de manera que no queden en desventaja frente a aquellas que tienen el recurso más cerca”.
“Nuestras empresas no pueden ser perjudicadas por la distancia. Lo que estamos planteando es que tengan condiciones diferenciadas, ya sea iniciando antes, finalizando después o pudiendo pescar más tiempo que las empresas que operan más cerca del recurso, no podemos permitir que estar en Puerto Deseado termine siendo una desventaja”, explicó el jefe comunal.
Insólito. El intendente “Pirri” Martínez le propuso al Consejo Federal Pesquero violar la ley. Que la misma ley que rige para toda la actividad pesquera se aplique diferente para quienes tienen puerto base en Santa Cruz.
PROPUESTA INVIABLE 3
Como tercer eje, Martínez propuso al seno del Consejo Federal Pesquero que “las subáreas 13, 14 y 15 se mantengan abiertas durante toda la zafra, siempre que las condiciones biológicas lo permitan. Esto no es ir en contra del cuidado del recurso, al contrario: es ordenar la actividad con previsibilidad y con respaldo técnico”, afirmó.
Al término de la reunión, el intendente “Pirri” Martínez dijo: “El planteo ya fue realizado. Ahora es momento de que el Consejo defina, ya sea avanzando sobre las propuestas que presentamos o evaluando otras alternativas que permitan dar respuestas a esta problemática”.
“No podemos comenzar una nueva temporada con la incertidumbre de siempre. Necesitamos reglas claras, previsibilidad y decisiones que permitan ordenar el recurso y garantizar mayores descargas en nuestros puertos”, agregó.
EN CONTRA DE LA CONSTITUCIÓN
Con todo, el Consejo Federal Pesquero (CFP) atendió la requisitoria de escuchar al Intendente de Puerto Deseado, tomar nota de sus pedidos, pero ese organismo carece de facultades para adoptar medidas que pudieran obligar a las empresas privadas que poseen permisos de pesca nacionales, pescan en aguas nacionales a exigirles que deban ir a determinado puerto provincial a llevar sus capturas, porque además colisiona con los más elementales preceptos constitucionales.
En tanto, pretender que haya un esquema diferenciado para las empresas radicadas en Puerto Deseado en detrimento de las establecidas en otras provincias resulta inadmisible, y sería violatorio también de normas de rango constitucional.
Y, respecto al pedido que se mantengan abiertas las Subáreas 13, 14 y 15 durante todo el lapso que esté habilitada la pesca en aguas nacionales, no es un criterio de administración de manejo del recurso que el CFP y la Autoridad de Aplicación estén dispuestos a hacer, sino que las aperturas y cierres de subáreas se toman en función de estrictas recomendaciones del INIDEP.
