La Libertad Avanza (LLA) prometió en campaña y lo citó en su Plataforma Electoral la idea de privatizar el mar argentino. La “Ley Ómnibus” denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue elevada por el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación y consta de 664 artículos.

Tal como había adelantado el asesor presidencial Federico Sturzenegger se introducen cambios sustanciales en el Régimen Federal de Pesca. En once artículos del 242° al 253° modifica sustancialmente la Ley N° 24.922.

Uno de los cambios más disruptivos y polémicos es la idea de realizar licitaciones internacionales de las cuotas de captura al mejor postor. Quién ofrezca el mayor arancel podrá pescar en el mar argentino.

Al modificar el Artículo 26 de la Ley Federal de Pesca, ya no importará el origen de la empresa, ni antigüedad de los buques, ni la cantidad de trabajadores que tengan.

El gobierno libertario propone: “Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”, dice el proyecto dado a conocer este miércoles.

A dos semanas de asumida la nueva administración nacional, Milei mandó al Parlamento un paquete de medidas, que apenas conocido empezó a cosechar fuertes rechazos.

En materia pesquera el Artículo 246 sustituye el artículo 27 de la Ley Nº 24.922 por el siguiente: “El Consejo Federal Pesquero podrá establecer una cuota de captura por especie. Las cuotas de captura serán asignadas por la autoridad de aplicación a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada.

Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas. Las cuotas se licitarán por un periodo de 10 años.

Cada empresas o grupo empresario podrá ejecutar su cuota de captura mediante cualquier barco que tenga un permiso de pesca. Las empresas o grupo empresario no podrán ejecutar reclamos sino logran ejecutar la totalidad de la cuota debido a cierre o vedas”.

La redacción del proyecto causó un cimbronazo en la industria pesquera argentina. Los cambios han sido inconsultos sectorialmente, ni siquiera se ha intentado la construcción de un mínimo consenso.

La propuesta agrega en otro tramo: “Las cuotas de captura serán total o parcialmente transferibles sin autorización previa en tanto no afecten la estructura competitiva del mercado, aunque deberán ser informadas a la autoridad de aplicación. Las transferencias deberán respetar los topes determinado Consejo Federal Pesquero sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas.

A los efectos del otorgamiento de la cuota de captura deberán acreditar el cumplimento de las obligaciones legales, previsionales e impositivas vigentes. El Consejo Federal Pesquero podrá reservar parte de la Captura

Máxima Permisible como método de conservación y administración, priorizando su asignación hacia sectores de máximo interés social.

En la primera licitación de especies que han sido cuotificadas con anterioridad a noviembre de 2023 se deberá crear un sistema de preferencia. Las empresas que ya tienen cuota asignada tendrán una preferencia que les permitirá obtener hasta la mitad de la cuota que tenían al mayor precio ofrecido en la licitación”.

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Así quedó el sector pesquero de Argentina al conocerse el brutal golpe de timón que plantea el nuevo gobierno en materia de administración pesquera. Los cambios se proponen sin siquiera haberse designado al funcionario que será ‘autoridad de aplicación’.

Aún no hay pronunciamientos oficiales de cámaras empresariales o del sector del trabajo, porque cuesta masticar y asimilar los alcances de los 664 artículos que tiene la Ley Ómnibus.

Fuentes consultadas advierten que la columna vertebral de la pesca argentina es mejorable, pero no desechar cuestiones de desarrollo laboral, bilógicos y de sustentabilidad de los recursos naturales, tan pendularmente.

Sostienen además que la reforma se inmiscuye en las potestades de las provincias que adhirieron a la Ley Federal de Pesca. “Modificar lo esencial de una industria, le hace correr riesgos sustanciales de quiebra”, reflexionó un referente de la actividad.

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